El Estado no renuncia a cobrar sustanciosos impuestos sobre el tabaco, pero organiza soberbios autos de fe contra los fumadores, un día al año, no más. Europa, como recordaba aquí hace pocos días Capella en un magnífico artículo, subvenciona generosamente el cultivo de tabaco -en España, más de seis mil agricultores, a unos tres millones de pesetas al año cada uno-, pero no renuncia a promover carisimas campañas de publicidad contra el consumo de tabaco. El colmo de la originalidad es también español: Celia Villalobos ha propuesto que se quite el tabaco de la cesta de artículos que sirven para elaborar el Indice de Precios de Consumo (IPC) para así poder aumentar ilimitadamente los impuestos sobre las cajetillas de tabaco. Ni que a Doña Celia la pagaran los contrabandistas, porque, eso sí, el contrabando de tabaco va viento en popa.
Al final, siempre nos tropezamos con lo mismo: el Estado nos quita el dinero del bolsillo derecho y nos pone la mitad de lo que nos quita en el bolsillo izquierdo, generoso él. El Estado predica castidad y luego alquila lupanares, virtuoso él. El Estado subvenciona el cultivo del tabaco y sanciona su consumo, sin dejar de recaudar impuestos por lo mismo que subvenciona y que desaconseja. El Estado, en fin, mete las narices en todo, nos cuesta horrores y, encima, nos da clases de coherencia y de honradez. Si uno no fuera liberal de razón, las campañas contra el tabaco lo harían anarquista por reacción. Qué peste. Y no a tabaco precisamente.
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