Todos los fiscales que se han reunido este miércoles en el Tribunal Supremo coinciden en que la venta de Ertoil presenta muchos indicios delictivos. Los diez fiscales que han votado a favor de que el Supremo asuma la investigación consideran que Piqué debió de conocer aquella operación financiera. “Es impensable –señalaba un fiscal de la sección– que como director de estrategia no conociera la operación de venta; y de ser así, es impensable que no se interesara después por las características de aquella operación”.
Los fiscales también se han pronunciado sobre las comisiones pagadas por la compra de Ertoil. El fiscal Antonio Salinas ha planteado la posibilidad de que aquellos pagos fueran legítimos; por esa razón, Salinas ha votado en contra de que el Supremo asuma la investigación. Frente a él, sus compañeros han entendido que es la Sala Segunda, y más concretamente un juez instructor, quien debería decidir si las comisiones fueron legales o no.
El dictamen final de los diez fiscales no pide formalmente la citación de Piqué como imputado, pero sí apoya que sea la Sala Segunda la que tome la decisión. En esta línea, los fiscales han recordado que todos los compañeros que Piqué tenía en el Consejo de Administración de Ercros ya han declarado como imputados ante la juez Teresa Palacios y, por tanto, el actual ministro de Exteriores también debería comparecer. Con la reciente sentencia de Filesa, han señalado los fiscales, el ministro podría declarar voluntariamente, acompañado por un abogado.
La posible “estigmatización” de un ministro también se ha planteado entre algunos fiscales: “es evidente que tiene una relevancia mayor citar como imputado a un ministro, pero también se estigmatiza a un industrial o empresario que sea citado a declarar; además, al defenderse ante un juez podrá evitar la estigmatización”, aseguraba un miembro de la Junta de Sección.
Todo parece indicar que a Piqué se le han complicado las cosas por culpa de una providencia de la Sala Segunda de redacción un tanto ambigua. Cuentan que la Sala, cuando recibió el informe de Teresa Palacios, pretendió prácticamente zanjar la cuestión porque algunos magistrados no veían delito o porque no tenían interés en verlo. Pero dieron traslado al fiscal mediante una confusa providencia que Vargas interpretó como petición de informe. Y así lo hizo. Los magistrados de la Sala que buscaban el carpetazo se quedaron estupefactos al ver que el caso se les iba de las manos.
En la reunión de este miércoles, José Aranda –fiscal jefe de la Sección Segunda– ha recordado que la Sala, realmente, no pidió un informe a Vargas. Pero el argumento de Aranda no ha convencido a sus compañeros, cuya respuesta ha sido “nosotros no tenemos que hacer caso a conversaciones de pasillo”.
La última palabra la tendrá Jesús Cardenal, el fiscal general del Estado. Pero a nadie se le escapa que ahora lo va a tener mucho más difícil porque la próxima semana se reunirán los cuarenta fiscales que integran la Junta General de fiscales del Supremo. Si su criterio es discrepante con el del fiscal General, Cardenal debería convocar la Junta de fiscales de Sala; y esa votación, en principio, sería favorable al Gobierno. Pero también es muy probable que la próxima semana los cuarenta fiscales del Supremo apoyen a su compañero Vargas. ¿Se atreverá Cardenal a enmendarles la plana?
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