El ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, aporta a la Fundación para las Víctimas del Terrorismo reconocimiento internacional y un perfil de consenso entre PP y PSOE, aunque no parece tener relación alguna con las víctimas. Es probable que de esta forma se busque una ocupación al ex presidente, cíclicamente recuperado como interlocutor de Zarzuela.
Suárez es un mito y, por tanto, resulta intocable, ligado al exitoso proceso de recuperación de la democracia durante la transición, cuya principal virtualidad es que al frente del timón de la nave siguieron básicamente prohombres del franquismo, incluido el rey, tras el pacto con una oposición débil que había visto morir al dictador en la cama.
Ese éxito general no es trasladable al País Vasco, donde se mantuvo una estrategia de continua cesión y de donde viene la relación terrorismo-negociación o terrorismo-consecución de objetivos políticos. De hecho, ahora que de nuevo está sobre el tapete el caso norirlandés, en España se produjo una especie de pacto unilateral que incluyó cotas de autogobierno sin parangón, creación de una policía autonómica y un generoso proceso de amnistía que, por la otra parte, no representó cesión alguna ni el abandono de las armas –salvo un pequeño grupúsculo de etarras– ni la renuncia al programa máximo independentista.
No es que sea polémico el nombramiento de Adolfo Suárez para una materia que, durante su mandato, empeoró de manera sistemática; simplemente, resulta curioso.
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