El fiscal Alejandro Luzón y el abogado del Estado abandonaban este martes la Audiencia Provincial de Madrid muy satisfechos; caminaban juntos, maletín en mano, como alumnos aplicados que han hecho bien los deberes. El lunes fueron cuatro horas de un exhaustivo informe del fiscal y este martes el abogado del Estado ha sintetizado los argumentos de Luzón en cuarenta y cinco minutos. El fiscal fue jurídico y apasionado; el abogado del Estado ha sido sólo jurídico.
El fiscal y el abogado del Estado han presentado el borrador de una más que probable sentencia condenatoria. Los dos han reiterado que su acusación es benévola: sólo han sentado en el banquillo a la punta de un gran iceberg, “son todos los que están en ese banco pero no están todos los que son”; en el banquillo sólo se han sentado quienes gestionaban fondos reservados y quienes recibieron dinero de esas partidas presupuestarias y dejaron el rastro suficiente como para que la justicia lo percibiese. Varios de los testigos que han desfilado en el juicio han debido de respirar tranquilos al ver el banquillo del que se han librado.
En este juicio, el fiscal también se ha tenido que tragar la bilis que le debe de provocar un personaje como Sancristóbal, el falso “arrepentido” que ha devuelto a la justicia 66 millones de pesetas de los 154 millones que se llevó de los Fondos Reservados. Gracias a esa devolución de dinero, el fiscal ha podido sustentar las acusaciones contra los restantes acusados.
Tampoco parece difícil argumentar la condena para Álvarez y López: niegan haber recibido sobresueldos pero, por si acaso les condenaban, se adelantaron y al comienzo del juicio decidieron devolver los millones. Los dos acusados han comprado con antelación un “atenuante” y esto supone un fraude de ley.
El principal obstáculo al que se enfrentaba el fiscal era demostrar el supuesto enriquecimiento ilícito de Rafael Vera y Rodríguez Colorado: varios cheques emitidos a nombre de Jacquotot y Roldán en las mismas fechas, por la misma cantidad y con numeración simultánea, podrían sustentar la condena del ex director de la Policía. Para el fiscal ha quedado acreditado que el verdadero receptor de los 89 millones de pesetas de los Fondos no era Jacquotot, sino Rodríguez Colorado. En la misma línea, el fiscal entiende que Vera se sirvió de su suegro para desviar a su bolsillo dinero destinado a la Seguridad del Estado. En su defensa, Vera sólo pudo alegar que su suegro, en la ferretería, generaba mucho dinero negro, dinero que invirtió en fincas. Una tesis poco creíble pero, sin duda, será el punto más difícil de la futura sentencia.
Corcuera y Barrionuevo saben que también tienen muchas posibilidades de resultar condenados: ni el fiscal ni el abogado del Estado se han creído el argumento de que un ministro no podía controlar el día a día de los Fondos Reservados. Parece evidente que del control puntual al descontrol absoluto hay un término medio y no es creíble que funcionarios de a pie dispusieran de esas partidas presupuestarias sin dar explicaciones a sus superiores; con lo que se ha escuchado en el juicio, quizá todo parezca ya desgraciadamente creíble.
Corcuera ahora tiene un horizonte más negro que al comienzo del juicio. Una pregunta del magistrado ponente probablemente le dio esperanzas, cuando Corcuera recordó que la Intervención de Hacienda nunca le tiró de las orejas por regalar joyas con los Fondos Reservados. El fiscal, al parecer, se quedó preocupado con esa cuestión. Por eso, en su informe final, tanto Luzón como el abogado del Estado han dejado claro que las partidas de Fondos Reservados no pasaban el filtro de Hacienda. Y más aún, que con la partida de gastos de Protocolo no se podían hacer regalos, por lo que a Corcuera nunca se le habría dado el visto bueno a una compra de joyas; por eso optó por la cuenta reservada, exenta de control.
El juicio está a punto de quedar visto para sentencia. La próxima semana las defensas echarán el resto para evitar una más que probable condena...
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