El Gobierno español ha tratado de transferir a la Unión Europea un problema nacional, que no parece dispuesto a afrontar en nombre de extraños complejos de culpa y de contumaces tibiezas. La operación no tenía lógica. Ningún sentido tiene que se congelen las cuentas de un partido legal. De hecho, Batasuna cobra de los fondos públicos a través de las subvenciones establecidas, y tiene en los ayuntamientos que gobierna, o en los que gobierna el PNV, una fuente de financiación, añadida a las prebendas que recibe de los Presupuestos de Ajuria Enea. Poco sentido tiene perseguir sus cuentas cuando eso sucede. Todo ello es no poco alivio para la banda terrorista.
El error moral en el que nos movemos parte de un error intelectual, de una falacia, de la especie reiterada de que cualquier idea puede ser defendida sin uso de la violencia. No todas las ideas pueden ser defendidas bajo la tolerancia democrática. No, por ejemplo, la promoción del exterminio o de criterios de exclusión.
Pretender establecer fronteras entre Batasuna y ETA es una hipocresía, además de un autoengaño. Las fronteras entre dicha formación y la banda terrorista como tal, no han existido nunca. Cada vez más son la misma cosa y cada vez más se utilizan las concejalías como una patente de corso para practicar el asesinato. Batasuna sí defiende la violencia como instrumento político. Resulta también curioso que se vayan ilegalizando organizaciones que salen de Batasuna sin ir directamente contra el holding. Si es de pura lógica refrendar la frase ETA y HB son lo mismo, resulta difícil de entender que la primera sea legal y la segunda, no.
El 11 de septiembre ha demostrado que contra el terrorismo no cabe otra estrategia que la ofensiva, mientras aquí hemos mantenido siempre una fórmula defensiva, en la que parece necesario acumular víctimas para cargarse de razón.
El Gobierno ha llegado ya a un convencimiento que pasa por afrontar la ilegalización de Batasuna sin seguir mareando la perdiz, pero es esto último lo que hace. Parece intentar convencer a un interlocutor inexistente, porque es el Gobierno el responsable y el que tiene capacidad para establecer medidas legales que definan y proscriban los grupos proterroristas. Lo que ha intentado explicar en Europa se lo tiene que aplicar a sí mismo, aunque tenga que pasar por encima de los chantajes y el relativismo moral del PNV o de las tibiezas del errático José Luis Rodríguez Zapatero.
Obligar a la banda terrorista a poner sus defensas en el comando de información —no otra cosa parece Batasuna— restará movilidad a sus grupos ejecutores. La estrategia del oportunismo político y la prudencia se lleva ejercitando durante más de veinte años sobre las víctimas. Batasuna debe ser ilegalizada, porque todo en ella es manifiestamente ilegal y su objetivo es acabar con el imperio de la Ley.
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