1.- No sólo una crisis de economistas
Durante unas semanas he mantenido que la crisis argentina era una crisis de economistas, en el sentido de que el origen último estaba en una mala política económica, centrada en el mantenimiento de un tipo de cambio fijo del peso con el dólar y que Cavallo era el responsable último de la crisis al no haber propuesto –y hecho aprobar–, en el momento de la adopción de esa política, otra serie de reformas políticas e institucionales que evitaran cualquier desequilibrio de las cuentas públicas y que aseguraran el funcionamiento de la economía de mercado en un estado que tenía que ser de derecho.
Cavallo y los cavallistas –durante mucho tiempo una parte importante de la población argentina– creían que el tipo de cambio actuaría como motor del cambio para lograr la transformación política y económica de Argentina. Sin embargo, el mantenimiento de la paridad durante demasiado tiempo, –sin otras reformas– ha provocado la recesión económica y un endeudamiento exterior que, cuando se estabilice el tipo de cambio, subirá desde el 60% previo hasta, al menos, el 120% del PIB. Esto obligará a que una parte sustancial de los ingresos fiscales se dediquen, aunque se reestructure la deuda, al pago de intereses y no a la construcción de infraestructuras y a la provisión de otra serie de servicios públicos esenciales.
No es sólo una crisis de economistas
Los sucesivos cambios de gobierno y sus respectivos planes económicos me han hecho cambiar de opinión. No se trata sólo de una crisis de economistas, aunque la deformación financiera de Cavallo ha influido sin duda en creer que el control de la emisión de billetes era condición necesaria y suficiente para lograr la liberalización económica y la transformación institucional. La crisis es más complicada. La incompetencia de De la Rúa ha sacado a la luz la corrupción del sistema político y sindical. No sólo no hay instituciones que aseguren el funcionamiento del Estado de Derecho y la economía de mercado. Los organismos que controlan el estado –que quizá sean instituciones en el sentido que les da Douglas North, porque han mantenido su vigencia más de cincuenta años–, el peronismo político y los sindicatos, son entes para la explotación de la mayoría de los ciudadanos y viven de la corrupción y del reparto de dádivas y cargos públicos. El plan económico de Duhalde, si se aplica tal y como ha sido concebido y anunciado, producirá la quiebra del sistema financiero, la aniquilación del sector petrolífero y el deterioro del suministro de servicios esenciales, como el gas, la electricidad, teléfonos y el agua. Además de fomentar la evasión del ahorro privado, de empresas y particulares, que encontrarán el mejor vehículo posible en el sistema de múltiples tipos de cambio. Lo único sensato del plan es permitir la libre fluctuación del peso, rompiendo la convertibilidad, imposible de mantener porque las reservas del Banco Central en dólares no cubren, desde hace tiempo, los pesos en circulación, pero ni siquiera esta medida puede alabarse, pues se crean tipos de cambio fijos para determinadas transacciones comerciales y para transformar deudas de dólares a pesos.
La falta de coherencia del plan de Duhalde va a acentuar la recesión económica. La actividad económica sólo se mantendrá mientras existan reservas de divisas para pagar las importaciones, pero lo lógico es que éstas se agoten con rapidez. Por otra parte, la contracción monetaria que sigue provocando la congelación de la mayoría de los depósitos y la imposibilidad física y económica de que los bancos los devuelvan en dólares, acentuará el sesgo depresivo y afectará aún más a la recaudación tributaria.
El plan Duhalde, imposible de cumplir
El plan de Duhalde es, como el de Rodríguez Saá, de imposible cumplimiento. El plan definitivo sólo empezará a elaborarse cuando el desabastecimiento paralice la actividad económica y el Gobierno argentino pida negociaciones al FMI y los principales acreedores. En ese momento habrá que contar el déficit público de 2001, que posiblemente alcance los 15.000 millones de dólares frente a los 6.000 previstos, sumar el total de deuda exterior, que quizá supere los 160.000 millones, analizar una posible reestructuración, el aplazamiento de pagos y ver qué quitas se proponen. Y también habrá que unificar los tipos de cambio, decidir una política monetaria y fijar la cuantía de ingresos y gastos públicos.
Sin embargo, dado el grado de burla e incumplimiento de anteriores compromisos por parte del Gobierno argentino con el FMI, éste no puede aceptar la concesión de ningún tipo de facilidad crediticia sin antes cumplir todas las exigencias económicas fundamentales a que se ha hecho referencia, más otras que afectan a la libertad de precios y salarios y sustanciales cambios en las leyes que regulan el funcionamiento de los partidos políticos, los sindicatos, el sistema de separación de poderes y las relaciones entre el poder central y las provincias.
Esta auténtica, clara y terminante injerencia en los asuntos internos debería ser la condición para otorgar nuevos créditos a Argentina. No se olvide que la suspensión de pagos de este país es la mayor que ha existido nunca y que se parte de una situación que ha condicionado toda la actuación del FMI en Argentina en la que lo que predominaba era el temor a lo que podía suceder si Argentina suspendía pagos y se producía un efecto contagio en una parte importante de Iberoamérica.
Libertad Digital publicará este viernes la segunda parte del artículo "Argentina: la salida de la crisis".
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