El CESID tiene los días contados. El Congreso de los Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley reguladora de la nueva agencia de espionaje, el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Poniéndonos en lo más básico, son los encargados de evitar que otra banda de chiflados asalte un avión para estrellarlo contra el Bernabeu durante un Madrid-Barcelona. Pero no caigamos en tópicos simplistas: su ámbito es más extenso. De ahí que resulte imperativo aplicar la máxima de Juvenal y dotar de vigilantes a los vigilantes.
El CNI será responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. Tan graves responsabilidades vendrán recogidas en la llamada Directiva de Inteligencia (una especie de libro gordo de Anacleto). Hay algunas similitudes con el ejemplo anglosajón; no en vano, la ley afirma inspirarse en "el modelo de los países de nuestro entorno político y cultural". También los agentes secretos se globalizan en estos tiempos.
Pero nuestros nuevos espías tendrán nuevas atribuciones, como promover las relaciones de colaboración con servicios de inteligencia de otros países (traducción: ¿dónde enchufamos esto, señor Bush?), interceptar y evaluar el "tráfico de señales de carácter estratégico" (poner la oreja electrónica, para entendernos), garantizar la seguridad de las comunicaciones, adquirir y asesorar sobre el uso de material criptológico. Estoy deseando saber si tendremos un departamento de criptoanálisis... y que no consista solamente en ordenadores con el WinZip password cracker.
Aunque el CNI tendrá un director con rango de Secretario de Estado, habrá una Comisión Delegada del Gobierno para efectuar un seguimiento de los objetivos del CNI, así como para coordinar todos los servicios de inteligencia en una especie de "comunidad de inteligencia". No olvidemos que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen asignadas responsabilidades de espionaje interno. ¿Y qué hay del control parlamentario? No sufran, que haberlo, haylo. Si queremos imitar a –perdón, quiero decir inspirarnos en– los países de nuestro entorno, lo primero que necesitamos es un control serio y eficaz por parte del Legislativo. Y para eso está el artículo 11. Será la Comisión que controla los gastos reservados la que ejerza dicha misión... y espero que vigilen el CNI mejor de lo que han controlado hasta ahora los fondos reservados.
Pero hay dos tipos de materias reservadas a las que ni siquiera los miembros de esta Comisión tendrán acceso. La ley excluye del control parlamentario:
1) las materias relativas a las fuentes y medios del CNI,
2) las procedentes de "servicios extranjeros u Organizaciones Internacionales establecidos en los correspondientes acuerdos".
Es decir, el CNI no estará obligado a decir cómo obtuvo una información determinada, a revelar sus fuentes o el nombre de sus agentes. Eso tiene cierta lógica, puesto que en ese mundo revelar el nombre de un agente significa ponerlo en serio peligro, o como mínimo reducir su efectividad. ¿Pero no informar al Parlamento sobre la información procedente de otros servicios de inteligencia? Bastaría con firmar un "acuerdo de colaboración" con la NSA para que el CNI pudiese recibir todo tipo de información obtenida mediante su red Echelon, y el legislativo no podría decir esta boca es mía. No importa que esa información se haya obtenido ilegalmente, que proceda de fuentes no confirmadas, o incluso que sean datos ya procesados –en lugar de los datos originales–, hay que tragar y callar. Y si ni el propio Congreso tiene acceso a esa información, ya me dirá usted un juez, por muy magistrado del Supremo que sea.
Que a nadie le extrañe, por tanto, si el CNI, gracias a esos "acuerdos de colaboración", pide a la NSA o el GCHQ que le hagan los trabajos sucios. ¿Quieren espiar a Zapatero, pinchar el teléfono del Rey, copiar bases de datos sin orden judicial? No hay problema. Basta con solicitar a otro servicio de espionaje extranjero que lo haga y le pase los datos al CNI. Para eso están los amigos. Total, esos datos no están sujetos a escrutinio parlamentario.
¿Inverosímil? No si consideramos que ese agujero legal ya se ha aprovechado hasta la saciedad en otros países. Margaret Thatcher usó los servicios secretos canadienses para espiar a varios ministros de su propio gabinete, y como contraprestación accedió a pinchar las comunicaciones de la primera dama del Canadá. De los casos de espionaje electrónico con fines comerciales, mejor ni hablamos, no vaya a haber entre los lectores algún empleado de Airbus con las heridas aún frescas.
Claro que nosotros somos más decentes, ¿verdad? Nuestro Gobierno no usaría un truco tan sucio para espiar al PNV o al PSOE, por no hablar de ministros rebeldes. Nunca aprovecharía el estudio de tráfico de señales para descubrir si el gobierno argentino va a imponer a Repsol otra tasa a la exportación. Y por supuesto, jamás de los jamases se les ocurriría pinchar conversaciones indiscriminadamente y a gran escala, estilo Echelon. Podemos dormir tranquilos.
Arturo Quirantes edita la página Taller de Criptografía.
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