Casi inexorablemente, como con las leyes de la física, la relación entre la parálisis económica y la crisis social hace que no ya la pobreza, sino la miseria aumente en forma geométrica, al tiempo que la violencia se agazapa, presta a irrumpir nuevamente en la escena de Argentina. La depresión que afecta al país hace ya cuatro años ha crecido velozmente en los últimos sesenta días, con lo que la cantidad de gente que pugna por comida sigue aumentando y no son pocos los “comedores” administrados por diversas obras de caridad que deben rechazar gente, ya que el alimento no alcanza para todos.
El enorme crecimiento de la desocupación y su extensión a toda la geografía nacional llevó a la creación de masivas “organizaciones de desocupados”, que ahora pasaron a convertirse en “piqueteros”, los que ayer organizaron cortes de rutas y autopistas en más de 15 puntos del país. Este fenómeno, que por ahora no aparece en otros países sudamericanos tiene una cara inexplorada aún. Al menos una parte de los piqueteros puede llegar a resultarle “funcional” al actual gobierno peronista para reforzar el sistema de “clientelismo parásito” creado para hacer política al amparo de la corrupción institucionalizada.
Sucede que los llamados “Planes Trabajar” –un subsidio al desempleo apenas encubierto– se dan o se quitan discrecionalmente en un sistema que está en las antípodas del viejo proverbio oriental: mejor que darle un pez a un hambriento es enseñarle a pescar. Y de eso se trata, de que cada día deban ir a por el pescado, y este tiene su precio.
Durante el frustrado gobierno de Fernando de La Rúa, dada la fabulosa expansión del fenómeno piquetero, se trasladó la administración de estos planes desde los municipios a las ONG. Esta reforma administrativa permitió que las organizaciones de desocupados crearan sus propias ONG, con lo que cualquier carenciado que quiere acceder al subsidio debe, necesariamente, acudir a las organizaciones de piqueteros para solicitarlo. Allí existe una “meritocracia” sui generis que evalúa la participación de la persona y su grupo familiar en las asambleas de piqueteros (donde se pasa lista al mejor estilo fascista) y en los cortes de carretera; luego, esto es sometido al “poder popular”, el cual resuelve si asigna, mantiene o quita el beneficio. Sus fallos son inapelables.
Simultáneamente y con bastante astucia, los piqueteros sistematizan su acctividad. La rutina es: corte de carretera, negociación con la autoridad municipal o provincial, asignación de nuevos planes, levantamiento del corte. A continuación, se traslada el corte a otro punto y recomienza el ciclo.
El sistema, tal y como funciona, es doblemente perverso. Por un lado, porque permite a un desocupado obtener algo (si bien poco) por nada, favoreciendo la pasividad y el clientelismo parásito. Con lo que la noción de vivir del estado como un derecho adquirido y la pérdida paulatina de interés en cualquier proyecto que de hecho implique un trabajo real se extiende por todos lados. Pero además, institucionaliza y cohonesta como forma de acción política socialmente aceptable, el corte de una vía de tránsito, lo que conforma un delito claramente tipificado en el Código Penal.
Hay que aclarar además, que las organizaciones piqueteras están ya claramente imbricadas en las diversas estructuras políticas en las que se organizan los grupos de extrema izquierda. Unos, la llamada Corriente Clasista y Combativa (CCC) son el brazo piquetero del viejo Partido Comunista Revolucionario de orientación maoísta, son los mas estructurados y por ahora –por comparación– los menos violentos. Otros, francamente propensos a la violencia, se agrupan bajo el nombre de “Bloque piquetero” y si bien reúnen menos adeptos, tienen objetivos más radicales: formación de Asambleas Populares, expropiación y re-estatización de las empresas privatizadas, estatización de la economía y retorno a los planes quinquenales de los años 50.
Un tercer grupo denominado “Movimiento Barrios en pie” se conecta con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) escindida a su vez de la vieja CGT (Confederación General del Trabajo), acusada de burocracia sindical y complacencia con el actual gobierno. En estos momentos, el grupo analiza si pasa a la acción directa y marcha hacia la cárcel donde esta detenido uno de sus más conspicuos dirigentes (Emilio Alí), juzgado y condenado, con todos los recaudos de la ley. Exigen su libertad inmediata y amenazan con reunir 40.000 personas (cosa poco probable) alrededor de la cárcel para lograr liberar al reo; utilizando la fuerza en caso necesario.
Normalmente, tenderíamos a pensar que el asalto a una cárcel en un país que se precia de civilizado es algo altamente improbable; sin embargo, en un cuadro pre-anárquico, son muchas las cosas impensables sobre las que debemos reflexionar ahora.
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