El partido socialista ha recurrido a la estrategia de los mediocres cuando se trata de escurrir el bulto: reducir los debates de fondo a cuestiones de procedimiento. Negar la capacidad al Parlamento para defender la libertad frente al totalitarismo es una pobre comprensión de la democracia, pero remitirse como única vía a la fiscalía o al Fiscal General del Estado muestra el bajo nivel de análisis en el que se mueve la actual dirección desnortada del PSOE.
El estatuto del ministerio fiscal no es independiente, sino proyección del ejecutivo. El Fiscal General del Estado es un nombramiento de confianza del Gobierno. Y el PSOE, un día sí y otro también, lo recuerda, con motivo o sin él. ¿A qué viene ahora esa reivindicación numantina, con ínfulas de purismo democrático?
Los rencores patéticos de González se proyectan en las mediocridades del equipo Zapatero. Esta postura, que no engaña a casi nadie, es muy posible que tenga un alto coste electoral y que marque la distancia, en cuanto a Zapatero, entre un líder y un político profesional superviviente, al que sus jefes no dieron responsabilidad alguna durante todos los gobiernos de González. El apoyo del PSOE a la reforma de la Ley de Partidos sería conveniente. No es decisiva. Tiene una perversa coherencia con la cacería de Nicolás Redondo.
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