La hipótesis de un retorno en Europa al fascismo parece menos real que la del voto de castigo a los partidos, dedicados a negar la realidad en nombre de un discurso políticamente correcto, bajo la dictadura de la inteligencia media. El delirante personaje de Le Pen y sus abracadabrantes propuestas es, en mi opinión, demostración suficiente del aserto, incluso por delante de considerar que los votantes lepenistas provienen de la izquierda, puesto que el fascismo histórico fue una escisión de la izquierda.
Apuntando a la lección recibida –Le Pen ha sido escasamente frenado–, Jacques Chirac dice que “la seguridad será una prioridad” y anuncia la creación de un ministerio u organismo específico. Según las encuestas, “Luchar contra la violencia y la criminalidad” era la principal preocupación de los franceses, muy por encima de la lucha contra el paro y el mantenimiento de la paz social.
Ha habido algún reportaje en la televisión del gobierno (no la estatal) de pura “apología” de Le Pen, enseñando un pueblo limpio y seguro, en el que, sin embargo, los inmigrantes eran vejados, porque si no trabajaban tres días a la semana eran expulsados. Se confunde el legítimo deseo de seguridad –disfrute pacífico de las libertades– con la xenofobia. Flaco favor. Eso sí “criminaliza” a los inmigrantes.
La seguridad es uno de los primeros derechos de los ciudadanos. La base del contrato social que da lugar al Estado. Los ciudadanos pagan sus impuestos para recibir seguridad y Justicia. No para que haya subvenciones, escuelas estatales, viviendas de protección oficial o cualesquiera otras fórmulas intervencionistas y prebendarias. Sea cual sea la opinión de cada uno, estas cuestiones son secundarias respecto a la naturaleza y el sentido primigenio del Estado. Por supuesto, el fuerte incremento de la inseguridad ciudadana está relacionado con una mala política de inmigración, que no está establecida en relación con el mercado de trabajo. Y, por tanto, su respuesta no es sólo policial. Crear un Ministerio u otro organismo de Seguridad puede ser conveniente, pero muestra hasta qué punto de gravedad han llegado las cosas en Francia, porque ya existen ministerios del ramo.
En España, la postura de José Luis Rodríguez Zapatero y de Alberto Ruiz Gallardón es irresponsable y suicida. Es, antes de cualquier otra consideración, una negación de la realidad. Una irracionalidad, insolidaria con las víctimas. Las graves consecuencias que empiezan a padecerse en España tienen su causa más clara en la Ley de Extranjería que aprobó el PSOE, con el apoyo moral de Manuel Pimentel, para crear dificultades al PP... en las carnes de los ciudadanos. La postura socialista agravaría el problema exponencialmente. Pero es el PP quien tiene el poder, por decisión de los ciudadanos, y quien debe tener muy claro que la seguridad no es un discurso ultra, sino la función primordial del Estado, un mínimo democrático.
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