No les hace ninguna gracia, aunque se vistan de payasos (diabólicos). El ancestral victimismo nacionalista no está funcionando en este caso. La tesis de Arzalluz-Ibarretxe, tanto monta, monta tanto, de que la ilegalización beneficiaba a Eta era proetarra, un intento más de confundir, para conseguir que la banda nacionalista siga matando.
Lo cierto es que la existencia de Batasuna permite a Eta tener una pantalla legal para aprovecharse de espacios de impunidad. Es obvio que en las reuniones de concejales batasunos se deciden asesinatos. Y así lo manifiesta el hecho de que antes de muchos de los atentados las víctimas sean señaladas por sus boletines. Su brazo político es una fuente constante de ingresos y una vía para el lavado del dinero negro-rojo de sus extorsiones y secuestros. Son muchos sueldos y puestos de liberados para proterroristas o para terroristas estrictos (más de doscientos cargos detenidos formando parte de los comandos). Luego, mucho presupuesto en los ayuntamientos, e instrumentos institucionales aprovechados para imponer su dictadura. Son, además, subvenciones desde todas las instituciones nacionalistas, desde las que, indirectamente pero de manera clara, se financia a Eta (digamos al entorno, para entrar en un terreno light de eufemismos), empezando por el gobierno vasco.
El descalabro financiero es de tal magnitud –al margen del operativo– que Batasuna en vez de adoptar la “gallarda” postura revolucionaria de pasar a la clandestinidad, hará todo lo posible para presentarse a las elecciones. La estrategia puede adelantarse: los batasunos presentarán agrupaciones electorales locales con pretensiones de independencia, de forma que tengan que ser ilegalizados de una en una. No sé si la reforma de la Ley de Partidos contempla esta eventualidad. Ni lo que haría la Justicia en ese caso. Parece claro que se trataría de un fraude de ley, porque las partes son lo mismo que el todo.
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