El encierro de unos cuatrocientos inmigrantes en la Universidad de Sevilla pone de manifiesto el cúmulo de contradicciones, falta de sentido común y desprecio del imperio de la Ley en el que se mueve el fenómeno migratorio. Si bien el partido socialista mantiene en esta cuestión una posición demagógica, que está siendo rechazada por los electores en toda Europa de manera muy sonora, el caos español es debido a la inoperancia del Gobierno, y de manera muy específica a la del ministro del Interior, Mariano Rajoy, cuyas recientes dotes de humorista no bastan para disimular el patente fracaso en combatir la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana, dos fenómenos estrechamente relacionados.
Por de pronto, estamos ante unos inmigrantes que llevan tiempo en España, la inmensa mayoría de los cuales ha entrado ilegalmente y como tal permanece. Además, han venido desarrollando trabajos como temporeros en el campo, en la recogida de la fresa en Huelva. Es decir, una serie de empresarios han burlado, a su vez, la ley, sin que se tengan noticias de que hayan sido investigados.
Con razón, se quejan de las condiciones infrahumanas en las que viven, pero cualquiera puede comprender que el problema es previo y más de fondo. Con trabajos temporales no se puede vivir todo el año. No se entiende –y quizás no los deberían explicar Cándido Méndez y José María Fidalgo– cómo el campo andaluz precisa tanta mano de obra inmigrante cuando buena parte de la población vive de esa corrupción institucional que se conoce como el PER, y que es un estricto fomento de la vagancia.
Carece de lógica que haya una población flotante con trabajos temporales. Eso sólo puede ser un germen constante de conflictos. La medida de que los temporeros vengan como tales, con billete de ida y vuelta es tan de lógica y tan humanitaria, que impide que la sobredimensión de la oferta de mano de obra lleve a situaciones muy semejantes a la esclavitud.
Siendo esta grave, hay otra cuestión que también lo es: el continuo deterioro del imperio de la ley que el Gobierno ha consentido por mezcla de ineficacia y complejos de culpa progres, a los que se viene apuntando últimamente con candorosa insistencia el ministro Rajoy. Los encerrados deben irse, cuanto antes, porque están fuera de la Ley, y no hay integración posible con deterioro constante del Estado de Derecho.
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