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Tremenda falta de previsión

Las crisis de liquidez y las quiebras bancarias muy rara vez son fortuitas, y en la práctica totalidad de los casos se deben a una deficiente gestión de los fondos y capitales que se confían al sistema bancario. No es necesario señalar que, en el caso argentino, lo que provocó la crisis fue la financiación con ahorro privado de un gasto público improductivo. Los argentinos se encontraron con que una gran parte de los ahorros que habían confiado al sistema bancario se habían empleado en financiar los despilfarros de las provincias y en mantener a un ejército de funcionarios ociosos y de clientelas políticas.

Sin embargo, el caso de Uruguay es diferente. Los argentinos que lograron escapar a tiempo de la ratonera financiera de su país, confiaron sus capitales a los bancos uruguayos, por razones de proximidad. Era evidente que esa migración de capitales iba a ser provisional, por dos motivos: si la situación económica de Argentina se hubiera clarificado rápidamente y el “corralito” se hubiera levantado, los ahorradores argentinos habrían repatriado rápidamente sus dólares para aprovechar el efecto de la devaluación. Pero, puesto que el “corralito” aún no se ha levantado y, por consiguiente, la economía argentina sigue sin despegar, los argentinos necesitan los dólares que depositaron en Uruguay para sobrevivir. Si a ello añadimos el empeoramiento de la coyuntura en el Cono Sur, especialmente en Brasil, es lógico que los argentinos (también los uruguayos) prefieran tener sus dólares en casa en lugar de confiarlos a un banco.

Nada especial hubiera ocurrido si el sistema bancario uruguayo hubiera mantenido una alta proporción de liquidez en los fondos recibidos de los ahorradores argentinos, habida cuenta de que se trataba de “dinero caliente". Sin embargo, los bancos uruguayos han empleado esos fondos en préstamos a medio y largo plazo, en lugar de comprometerlos en activos del mercado monetario con vencimiento inferior a tres meses (letras, pagarés, etc.), en activos financieros con suficiente negociabilidad (como podían ser bonos del Tesoro norteamericano) o incluso cobrar un canon por custodiarlos (como hicieron los suizos en las crisis de los años 70). Puesto que los depósitos están “solidificados” en forma de préstamos, no es posible recuperarlos hasta que llegue su vencimiento.

En esta tesitura, es preciso recurrir a la financiación externa, y el FMI ya ha otorgado un préstamo de 1.500 millones de dólares para que el sistema bancario uruguayo pueda hacer frente a las retiradas de depósitos. Sin embargo, el rescate puede revelarse insuficiente, pues a la falta de previsión de las autoridades monetarias de Uruguay, se añade el tremendo error de repetir la experiencia del “corralito”, una medida que multiplicará la desconfianza de los depositantes (tanto argentinos como uruguayos) en la solidez del sistema financiero. Hubiera sido mucho más sensato solicitar la ayuda del FMI antes de decretar el feriado bancario. Ahora, Uruguay corre el peligro de repetir la experiencia argentina.

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