La legitimidad de ejercicio del poder viene dada por el respeto al imperio de la Ley, a las normas comunes, por su protección de los derechos y libertades de los contribuyentes. Con una legitimidad de origen parcial y cuestionable –las propuestas de no presentar candidaturas constitucionalistas en las elecciones municipales lo muestran de manera muy evidente, a pesar de la heroica actitud de los políticos de PP y PSOE de mantener ese resto de legitimidad–, el Gobierno autónomo vasco, que sistemáticamente ha girado en torno al PNV en los últimos veinte años, ha sido incapaz de generar un clima de disfrute de las libertades para los que no comulgan con sus ideas. Como es notorio, tiene transferidas en muy alto grado las competencias en materia de orden público. Cuenta para ello con una policía autonómica, bajo el control de sus mandos políticos.
Podría considerarse que la pervivencia del terrorismo es un imponderable de las circunstancias. Pero ello dista mucho de estar claro. En la práctica, en el ejercicio del poder, los mandos policiales y la Ertzaintza como tal no cumplen la función de toda Policía. Sus detenciones de etarras son mínimas, y sólo se producen cuando alguno de los miembros de la policía autónoma son asesinados. En esos casos, puede hablarse incluso de eficacia. Lo que demuestra que cuentan con medios e información para detener a terroristas, lo que no se produce cuando los asesinados son políticos que no pertenecen al PNV o miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Aunque es evidente, por los notorios efectos prácticos, que existen órdenes expresas de que no se detenga a los asesinos, tal cuestión ha sido denunciada hasta la saciedad por los sindicatos policiales de la propia Ertzaintza.
Tal cuestión daña de manera directa a la legitimidad de ejercicio. El gobierno vasco deja hacer a los asesinos para que siembren las calles de terror y muerte, porque con ello busca un beneficio político. Y porque los terroristas coinciden de pleno en las tesis nacionalistas comunes, y que de hecho son originarias o fundacionales del PNV. La especie de que coinciden en los fines pero no en los medios es un eufemismo. Coinciden en la misma ideología. Son un único movimiento. El Gobierno vasco y los partidos que los sustentan han hecho pactos de unidad de acción con los terroristas, que se mantienen de manera unas veces tácita y en otras, explícita. Además, ese gobierno autónomo financia de diversas maneras, con fondos públicos, a la banda terrorista, a través de siglas tapaderas. Esos fondos son utilizados para asesinar a los adversarios políticos comunes.
La legitimidad de ese Gobierno tiene unos límites que vienen marcados por la Constitución, siendo el presidente autónomo representante del Estado en el País Vasco. Teniendo que velar por el cumplimiento de la Ley, cuyo primer principio es la unidad de España y la integridad territorial. Tal criterio ha sido roto por el acuerdo secesionista del Parlamento vasco, cuya finalidad es la ruptura de esa unidad, con quebranto del fundamento mismo de la Constitución. Este hecho es tan claro que –al margen de los circunloquios gubernamentales para no asumir su responsabilidad, quizás con el buen propósito de cargarse de razón mediante una actuación moderada y de respuesta proporcionada– la lógica del conflicto, desatada por la intentona golpista en marcha, obligará a restaurar el imperio de la Ley y el Estado de Derecho. La otra alternativa, con disolución de la fórmula monárquica, y la apertura de un nuevo período constituyente para lo que quedara de España es impensable porque sugiere un suicidio colectivo.
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