El Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, viene actuando de “facilitador” en la llamada Mesa de Dialogo nacional en Venezuela desde el 8 de agosto del año pasado –por más de cinco meses– sin lograr una solución amistosa entre el Gobierno y la Oposición. Por el contrario, se han profundizado las diferencias, mientras que la represión y arbitrariedades del gobierno van en aumento día a día en contra de la mayoría popular que se le opone.
La Oposición exige, con base indiscutible en la Constitución vigente, la realización de un “Referendo Consultivo” el próximo 2 de febrero sobre la renuncia del Presidente Hugo Chávez. Más de millón y medio de venezolanos, perfectamente identificados, firmaron esa solicitud y todos los días vemos en la televisión la dimensión millonaria y nacional de quienes continúan manifestando por la salida del Comandante Chávez.
Todo indica que la Mesa de Dialogo no ha logrado sus objetivos y que la OEA demuestra una peligrosa fragilidad como Organismo negociador, dado el manejo político convencional y formalista, ajeno a la letra y al espíritu de su autenticidad filosófica e histórica, así como de los Tratados vigentes y de los precedentes que obligan a la Organización hemisférica.
Dada la importancia geopolítica y económica de Venezuela y la coincidencia de su grave situación actual con hechos que afectan a otras naciones de la región, no es aceptable que la OEA permanezca de brazos cruzados. El tiempo y la realidad apremian, tanto más cuando se habla de reuniones especiales de mandatarios para tratar el caso venezolano.
Es entonces oportuno y necesario recordar la XVII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores del Continente, del día 23 de Junio de 1979, cuando se reunieron los representantes de Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Grenada, Jamaica, México, Panamá, Perú, Republica Dominicana, Surinam y Venezuela para exigir la renuncia del Presidente Anastasio Somoza Debayle de Nicaragua. Somoza había sido electo y era entonces un Presidente Constitucional, pero el pueblo de Nicaragua lo rechazaba como gobernante y peleaba en las calles en una cruenta guerra civil.
En su declaración, los ministros de Relaciones Exteriores proclamaron lo siguiente:
“CONSIDERANDO:Que el pueblo de Nicaragua sufre actualmente los horrores de una cruenta lucha armada que está causando inmensos sufrimientos y pérdidas de vidas, y ha llevado al país a una grave convulsión política, social y económica;
Que la conducta inhumana del régimen dictatorial imperante en ese país, puesta en evidencia por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la causa fundamental de la dramática situación que atraviesa el pueblo nicaragüense;
Que el espíritu de solidaridad que inspira las relaciones hemisféricas torna ineludible la obligación de los países americanos de realizar todos los esfuerzos a su alcance para que se ponga fin al derramamiento de sangre y se evite que la prolongación de este conflicto continúe perturbando la paz del continente.
DECLARA:Que la solución al grave problema corresponde exclusivamente al pueblo nicaragüense.
Que desde el punto de vista de la XVII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores esa solución debería inspirarse en las siguientes bases:
1. Reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista.
2. Instalación en el territorio de Nicaragua de un gobierno democrático cuya composición incluya los principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleje la libre voluntad del pueblo de Nicaragua.
3. Garantía de respeto de los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción.
4. Realización de libres elecciones a la brevedad posible que conduzcan al establecimiento de un gobierno auténticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la justicia.
RESUELVE:1. Instar a los Estados Miembros a realizar las gestiones que estén a su alcance para facilitar una solución duradera y pacífica al problema nicaragüense sobre las bases señaladas, respetando escrupulosamente el principio de no intervención y absteniéndose de cualquier acción que fuere contraria a esas bases, o incompatible con la solución pacífica y duradera del problema.
2. Comprometer sus esfuerzos para promover la asistencia humanitaria a la población y para contribuir a la recuperación social y económica del país.
3. Mantener abierta la XVII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores mientras subsista la presente situación”.
Producida esa histórica y valedera resolución, Somoza presentó su renuncia al Congreso, entregando el poder al Gobierno de Reconstrucción Nacional, respaldado por todos los sectores de la sociedad nicaragüense. El general Somoza partió de Managua hacia la ciudad de Miami el 17 de julio de 1979.
Dada la similitud de hechos y circunstancias, nos preguntamos cómo si el pueblo de Nicaragua recibió un claro apoyo en su lucha contra Somoza por qué no tratar de igual manera al pueblo venezolano. Seria inmoral y criminal permitir un baño de sangre y una guerra civil en Venezuela que puede evitarse con una decisión de la OEA similar a la de 1979. Cabe a la OEA cumplir con su deber y con obligantes precedentes históricos.
Haydée Marínes Directora Ejecutiva de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos.
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