Lea el primer artículo de esta serie: Penas y faroles
La reforma, pese a considerarla en parte innecesaria, respeta el carácter general que constitucionalmente se exige a las normas jurídicas. No es ni más ni menos “específica” que la Ley de Partidos por la que se ilegalizó a Batasuna. Tanto una como otra advierten —sin nombre y apellidos— contra un delito, en el que potencialmente podría incurrir cualquier “partido” o cualquier “autoridad”. Otra cosa, muy distinta, es que, tras su entrada en vigor, Batasuna continuara siendo el único partido que formaba parte de un entramado terrorista o que, tras su entrada en vigor, Ibarretxe fuera el único que quisiera seguir adelante con su ilegal convocatoria. ¿Acaso hay algo en la letra de esa reforma por la que se podría castigar a Ibarretxe si se empeña en cometer el delito y no, por ejemplo, a un presidente de la Generalitat que presionado por los independentistas también se atreviera a convocar un referéndum al margen de la ley?
Es preciso asimismo rechazar otra recurrente cantinela, la de que no hay que dar “un plus de victimismo a los nacionalistas” que se oye cada vez que se pretende endurecer las penas que castigan sus ilegalidades. Aunque Arzalluz diga —en un segundo plano— que el PNV se vanagloriará si sus dirigentes son condenados, las apoltronados dirigentes del nacionalismo gobernante son demasiado cobardes para pasar ahora a asumir costes reales por su desquiciado ideario. El suyo ha sido siempre un falso victimismo, como falso sería igualmente si, por primera vez, asumieran los costes penales de sus anunciadas ilegalidades. Ello no obsta para que, junto al respeto del imperio de la Ley, se ejercite un discurso político que batalle también en el campo de las ideas mostrando las sinrazones y contradicciones inherentes al ideario nacionalista. Pero jamás hay que evitar el castigo del delincuente por que tenga la desfachatez de presentarse como “víctima” de la represión de su delito.
Tampoco se pueden compartir los reproches que se han lanzado contra el PP, al acusarlo de no haber buscado el consenso con el PSOE. Claro que lo han buscado, pero los socialistas se lo han negado. El director de El Mundo, por ejemplo, ha llegado a la inconsistencia de lanzar este reproche al Gobierno, al tiempo que ha filtrado que el PP había incluido sin convicción en la reforma la posibilidad de castigar también a los interventores que participaran en ese referéndum para luego retirarla como cesión ante el PSOE. Podemos estar de acuerdo —si ha sido así— en que este del PP no es un acertado proceder, pero lo que deja en evidencia esta información suministrada por Pedro J. Ramírez es precisamente el deseo de los populares de no aparecer en solitario y de implicar al PSOE en esta reforma.
Nada ni nadie ha impedido anunciar al PSOE su disposición a respaldar al Gobierno en este asunto si este se aviene a introducir algunas modificaciones. La respuesta de los socialistas ha sido desde el primer momento un “no” a la totalidad. Y ciertamente a estas alturas ya va siendo hora de pensar que es Zapatero el responsable de que no exista con el Gobierno un consenso frente al envite secesionista; sobre todo después de presenciar que, por contentar a los nacionalistas, el PSOE hasta ha rechazado condenar el plan Ibarretxe en el reciente pleno de la FEMP.
Finalmente, nos parecen sumamente irresponsables y miopes las objeciones de quienes, reconociendo el carácter ilegal de la consulta de Ibarretxe, desaniman el anuncio de castigo, señalando —como hace El Mundo— que “la convocatoria no tendría validez alguna desde el punto de vista jurídico y por eso mismo lo relevante no sería la celebración en sí de un referéndum virtual, sino las consecuentes decisiones que pudiera tomar el lehendakari”.