La muy leal CC (Coalición Canaria) también quiere su chiringuito fiscal para despachar limonada al amigo y salmonella al desconocido. Son tan leales y ponen tanta seriedad en las cuestiones de Estado estas pirañas de compañía prohijadas por el PP, que no han tardado ni veinticuatro horas en propinar su machetazo en la campaña de desguace de la Agencia Tributaria, previa a la más ambiciosa de pasar a España por la picadora, emprendida por el presidente de la República Socialista del Reino de Aragón y replicada por el visir de Al Andalus.
En rigor, los insularistas ya incluyeron la creación de una Agencia Tributaria Canaria en su programa electoral de las autonómicas de 1999, y relanzaron la ocurrencia con ocasión de las del pasado 25 de mayo. CC sostiene esta pretensión, por supuesto, en la coartada de la desventaja de Canarias por su lejanía, aislamiento y todo ese rollo de la doctrina ultraperiférica. Una posición competitiva tan lamentable que atrae a doce millones de turistas al año. El Archipiélago es una potencia turística global, quizá la única región española que puede permitirse el liderazgo mundial en el sector servicios. Pese a esta evidencia, que aconseja fomentar la inversión en infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones y mantener el fuero histórico de Canarias como territorio libre de trabas comerciales y fiscalmente laxo, la doctrina nacionalista de la ultraperiferia ha conseguido conmover hondamente al señor Giscard y demás redactores de la propuesta de Constitución europea, dispuestos a equiparar Canarias con Martinica en un común estatus de blindaje para sus incompetentes productos, privilegios para sus atrasadas empresas y subsidios para su ineficiente agricultura.
La visión de CC sobre una agencia tributaria autonómica no pasa de la categoría de bosquejo. Los insularistas pretenden que la nueva oficina recaude e inspeccione los tributos propios del Régimen Económico Fiscal: IGIC (el IVA canario) y AIEM (arancel a las manufacturas y materias primas importadas que compiten con la diminuta industria local) y también los propios de la Administración general del Estado. El primer bloque ya lo gestiona directamente la Administración de la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda. Bastaría con que el Gobierno regional retocase sus competencias, facultándola, por ejemplo, para contratar directamente bienes y servicios, para que funcionase, de hecho, como una agencia tributaria autónoma. ¿Qué ambiciona CC, entonces, al pedir también la gestión del paquete de impuestos del Estado? La respuesta es sencilla: el control político pleno y directo de la Inspección, una potentísima policía para la administración de premios y castigos entre la clientela, un temible aparato de información e intimidación que podrá tan flexible o implacable como el grado de "cooperación" del contribuyente con la causa nacionalista lo permita.
El ministro Cristóbal Montoro, antes de las pasadas elecciones autonómicas, avisó a los insularistas de que pierdan toda esperanza para sus planes sobre un cuartelillo fiscal. El rechazo del ministro al despiece de la agencia tributaria se razona con un argumento de lo más sensato: la lucha contra el fraude es y tiene que seguir siendo una política de Estado y la Agencia Tributaria, aunque creada en parte para la promoción política de allegados, está dando resultados bastante satisfactorios en este campo. CC tendió su agencia tributaria en el mercadillo de su renovada alianza con el PP y no tardó en desprenderse de ella, como también de la promesa de un cuerpo de policía autónoma, a cambio de un talón al portador extendido por el propio Montoro (a su pesar, por cierto, ya que sólo la intercesión de Rajoy invitó al ministro a ceder al chantaje de estas mascotas parásitas tan bien alimentadas por la Dirección del PP) .Ya sabemos el importe del nuevo sablazo en los Presupuestos del Estado: más de 100 millones de euros.