El juego electoral parece ser este: los partidos nacionalistas quieren terminar con la Constitución, y el PSOE e IU quieren terminar con la relevancia electoral del PP. Si tienen éxito en difundir la idea de que el PP es un partido heredero de Franco, tanto los partidos nacionalistas como la izquierda obtienen lo que quieren: el PSOE e IU erosionan la imagen del PP hasta mostrar al único partido que defiende íntegramente el bloque de la constitucionalidad tal y como hoy existe, como el único partido que lo amenaza y que lo daña; y los nacionalistas pueden argumentar que puesto que el PP la defiende, la Constitución es un fraude que debe ser denunciado y condenado.
Las dos pretensiones se alimentan mutuamente: la “crispación” del nacionalismo es mostrada por la izquierda como el resultado del escaso compromiso del PP con la España autonómica –aunque sabemos que el Gobierno de Aznar la ha impulsado hasta casi alcanzar el límite de lo posible–, mientras que la acusación de la izquierda alimenta a los nacionalismos, que pueden definir la defensa de la Constitución en sus términos actuales como algo propio del PP –según dice el PSOE– y por tanto reprobable. Sin embargo, la participación de los nacionalistas en la definición del sistema constitucional ha sido mucho mayor que lo que ellos suelen reconocer y nosotros solemos recordarles. Sirva como ejemplo que el PNV y CiU votaron afirmativamente la reforma constitucional previa a la ratificación del tratado de Maastricht: ¿votar sí a la reforma de la Constitución es votar sí a la Constitución reformada? Si no lo es, la próxima reforma no servirá de mucho, y si lo es ya lo fue en 1992. Y si lo fue, ¿por qué se denuncia al PP por hacer lo mismo que hicieron todos?
Lógicamente, el PSOE ha sido arrastrado por esta estrategia electoral –claramente beneficiosa para los partidos nacionalistas– y ha tenido que aceptar la reforma constitucional como algo necesario, al margen de su contenido concreto, sólo para avalar la insuficiencia de lo que hay. En general, es insuficiente para el PSOE porque es suficiente para el PP, aunque seguramente habrá quien defienda sinceramente las reformas cuando se conozcan.
Por todo esto, la decisión de Mariano Rajoy de aceptar estudiar las reformas constitucionales anunciadas por el PSOE puede ser considerada como un acierto. Pondrá de relieve la falsedad de la acusación de la izquierda y obligará a los nacionalistas a “meter en el mismo saco” al PSOE y al PP, salvo que el PSOE radicalice aún más su “revisionismo” constitucional para distanciarse nuevamente del PP. Pero esta decisión tendría unas consecuencias nefastas para la izquierda, porque estaría determinada por una percepción errónea de los resultados de las elecciones de marzo. El PP no perdió porque la acusación del PSOE calara en el electorado, sino por el efecto del 11-M. Sabemos que el PSOE dice no creerse esto –a pesar de las evidencias demoscópicas–, pero no sabemos todavía si realmente se lo cree o no. Si no lo creyera, cometería un error que pagaría muy caro; si lo creyera, tendría que pactar con el PP unas reformas constitucionales que le enajenarían el apoyo nacionalista, y que desactivaría definitivamente la poca credibilidad que ya tiene la caracterización del PP como un partido poco comprometido con la Constitución.
Probablemente la izquierda subestima algo que ha quedado oculto detrás del espanto del 11 de marzo: con matices y con diferencias de intensidad, la gran mayoría de los españoles no desea dejar de serlo, y no aprueba la política de oposición del PSOE. Así lo manifestaron los resultados electorales anteriores a las elecciones generales, y, probablemente, así lo manifestarán en el futuro, aunque es posible que el trauma de marzo aún se deje notar en junio. Las áreas de reforma constitucional propuestas por el PSOE pueden afectar a la continuidad de la nación española como sujeto político. Si el PP apela a la defensa razonada de ese sujeto –una tarea a la que debería ponerse con urgencia, y que quizás no sea tan difícil de realizar como en ocasiones parece– no sólo no encontrará por ello el rechazo del electorado, sino que encontrará su apoyo. Ese debe ser su límite en la negociación, aunque no estaría de más que las reformas sirvieran para algo.