Hace unos años, quien había sido embajador de Estados Unidos en Chile durante la Unión Popular, Edward Korry, declaró al diario La Segunda que el presidente de una empresa norteamericana del cobre, nacionalizada sin indemnización en 1971, le había confiado que, finalmente, había obtenido una compensación, pero tras abonar al presidente Salvador Allende 800 mil dólares (unos cuatro millones de dólares de hoy). Como nadie dijo nada, esta columna comentó la revelación. Entonces, un ex ministro de Allende replicó que era inverosímil, tratándose de un hombre tan honesto como éste. Después, murió Korry y se olvidó el asunto. Cuatro millones de dólares no investigables.
Hoy, la Fundación Salvador Allende y un hombre de negocios español, íntimo del ex presidente, cobran ¡517 millones de dólares! al Estado por la confiscación del diario Clarín durante el gobierno militar. El Estado ya pagó nueve millones de dólares a los herederos de Darío Sainte-Marie, otrora su dueño. ¿Qué pasó? Está en las memorias del ex director del diario, el periodista Román Alegría: Allende, siendo presidente, visitó a Sainte-Marie, rodeado de su ilegal Guardia Armada Personal (GAP) y, molesto con un editorial, lo amenazó: "Te hago matar, culpo al imperialismo, te declaro héroe nacional y hablo en tus funerales. Ya lo sabes". Sainte-Marie entendió y escapó. En el exterior, traspasó el diario. Hoy aparecen como sus dueños el amigo de Allende y la Fundación que lleva el nombre del ex presidente. Son "inversionistas extranjeros expropiados", y cobran los 517 millones de dólares. ¿Abogado? Joan Garcés.
En 1990 y 1991, Ricardo Lagos, ministro de Educación, a través de un particular sin cargo alguno en el ministerio, hizo compras para éste en España, con fondos públicos, pero sin licitación. Vendedora: la empresa de un socialista de allá. Se pagó un sobreprecio estimado por la Contraloría en cuatro millones 200 mil dólares. Pero ésta no instruyó sumario porque -argumentó- el agente de Lagos era un particular y no un funcionario, y ella sólo puede sumariar a funcionarios. Yo pregunté: "Y el ministro que lo mandó, ¿no era funcionario?". Nadie contestó. El contralor pasó la patata caliente al Consejo de Defensa del Estado. Este se la devolvió, diciendo que no podía hacer nada sin sumario previo. La patata se enfrió. Cuatro millones 200 mil dólares no investigables. En Uruguay sí investigaron los sobreprecios y descubrieron la cuenta de Bahamas donde se depositaron.
Hace dos años fueron sorprendidos sobres ilegales con billetes que la presidencia pagaba clandestinamente a sus ministros. Dos millones mensuales a cada uno. Provenían de "gastos reservados". La sola Presidencia los tiene por 240 millones mensuales (cuatro millones de dólares cada 10 meses), sin obligación de rendir cuenta. Requerido el SII, dictaminó que los gastos reservados no eran investigables. Luego, el Congreso condonó todo ("hecha la trampa, hecha la ley") e incorporó los billetes al sueldo de los ministros. Esto, de paso, significó aumentar en igual monto la dieta parlamentaria. "Una mano lava la otra, y las dos lavan la cara".
Pero los cuatro millones de dólares que, según denuncia norteamericana, habría mantenido Augusto Pinochet en un banco de allá sí son investigables. Pinochet nunca cobró una comisión ni pagó un sobreprecio, pero esto no puede quedar así.
El gobierno contrata a un abogado de izquierda para perseguirlo. El Consejo de Defensa del Estado ahora sí se moviliza. El SII esta vez investigará, haya o no de por medio gastos reservados.
Y el presidente Ricardo Lagos proclama, sin que se le mueva un músculo de la cara: "Nadie está por sobre la ley".
Yo le preguntaría: "¿Y usted?".
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Hermógenes Pérez de Arce, es analista político chileno