Espero que sea una broma de mal gusto eso de que España no va a pedir la extradición del llamado Mikel Antza. Todos los crímenes cometidos por la ETA en los últimos años, en los que sin duda tienen responsabilidad directa Antza y sus cómplices, deberían ser juzgados en España, por respeto a las víctimas y al Estado de Derecho. Pero es que, además, hay dos asuntos sobre los cuales su declaración podría arrojar mucha claridad: el encuentro en Perpiñán con Carod Rovira y la relación de la ETA con los confidentes dinamiteros de Avilés, tanto en lo que respecta al coche “casualmente” robado en la callejuela del garaje de Trashorras y que hicieron estallar al día siguiente en Santander como la coincidencia de las dos caravanas de la muerte, la etarra y la islamista, camino de Madrid para asegurarse una masacre u organizar dos masacres paralelas el 11-M.
Como Zapatero ya lo sabe todo sobre el 11-M y como el Fiscal General del Estado dice que no se puede saber más, no sería de extrañar que el Ministro del Interior, que el domingo a las ocho de la noche aún no había dado siquiera una rueda de prensa para explicar la operación antiterrorista, considere ocioso pedir la extradición de estos matarifes con ínfulas políticas. Pero el juez Del Olmo, por pulcritud intelectual y por respeto a los 192 muertos del 11-M, debería dirigir el interrogatorio de Mikel Antza y el resto de la cúpula etarra. Y el flamante presidente del PP Mariano Rajoy pedirlo en el Parlamento. Por de pronto, interrogar. Cuanto antes, extraditar. Finalmente juzgar. Y si el tiempo y el Gobierno no lo impiden, condenar. Es asombroso tener que pedir lo que las autoridades deberían estar felices de ofrecer. Pero, por pedir, por exigir, que no quede.