La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas huele mal. El proceso de descomposición de su eficacia y legitimidad ha llegado a tal punto, que su reforma es uno de los dos pilares de la transformación a la estructura de la organización presentada hace pocos días por el secretario general, Kofi Annan. El otro es la ampliación del Consejo de Seguridad.
Mientras varios componentes del sistema de derechos humanos de la ONU –como su Alto Comisionado, los relatores especiales, los órganos de vigilancia de los tratados y la Corte Penal Internacional— muestran un adecuado desempeño y estimulante potencial, la Comisión ha sido víctima de una politización extrema originada en un pecado original: su integración.
Los 53 estados que la conforman, elegidos por el Consejo Económico y Social por períodos de tres años, a menudo no están allí por su probado respeto a la dignidad humana, sino por su manejo de influencias, intereses, votos y adhesiones, o por un simple criterio de representación geográfica. Esto explica, por ejemplo, que en el período de sesiones número 61, que comenzó el 14 de marzo y terminará el 22 de abril, participen gobiernos tan agresores de la libertad e irrespetuosos de sus conciudadanos como Arabia Saudita, Bután, China, Congo, Cuba, Nepal, Sudán y Zimbabwe.
La reforma planteada por Annan, siguiendo las recomendaciones de un grupo de “sabios” internacionales, consiste, esencialmente, en convertir la Comisión en un Consejo, reducir su número de miembros y cambiar el sistema de elección, de modo que sea más abierto y transparente. Además, se propone fortalecer los sistemas nacionales de derechos humanos, una tarea tan importante como difícil, porque los países que más los necesitan son, precisamente, aquellos en que existen mayores trabas para que funcionen organizaciones independientes.
A esto se añade una propuesta planteada por Costa Rica hace algunos años, y que ahora lidera Suiza, para establecer un sistema de indicadores que permita emitir evaluaciones más certeras sobre los derechos humanos, lo cual ayudaría a despolitizar un tanto el tema.
Todas estas son iniciativas de gran importancia, que merecen apoyo. Sin embargo, mientras se ponen en práctica (total o parcialmente), es necesario que los países libres mantengan su lucha por los derechos humanos en el seno de la Comisión, con valentía frente a los regímenes despóticos y solidaridad hacia sus víctimas.
En América Latina, este deber tiene actualmente una manifestación muy clara: lograr, de nuevo, una condena contra la dictadura de Fidel Casto, el único régimen del hemisferio que rechaza abiertamente la democracia, prohíbe elecciones competitivas, impide la libre expresión, maltrata en las cárceles a decenas de presos de conciencia, ahoga cualquier asomo de sociedad civil, somete a la economía a un férreo control y aplica la pena de muerte sin verdaderos juicios.
En otros países latinoamericanos existen importantes problemas de derechos humanos que merecen constante atención. En Estados Unidos, pese a su tradición de respeto a la ley y las libertades públicas, la política de “seguridad nacional” del presidente George Bush ha conducido a extremos de insólita crueldad. Pero el de Cuba es el único gobierno hemisférico que, de forma orgánica, sistemática y absoluta impone su voluntad férrea sobre la población y, al hacerlo, violenta la mayor parte de las garantías reconocidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por eso merece censura. La Unión Europea lo entiende perfectamente, y sus representantes sumarán su voto a la resolución de condena que pronto se discutirá en el seno de la Comisión. Sin embargo, varios de los 11 representantes latinoamericanos, como han hecho en el pasado, optarán por la abstención o, peor aún, el voto negativo; entre ellos están Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador.
¿Por qué esta actitud? Porque sus gobiernos no ven las constantes violaciones a los derechos humanos en Cuba como un tema crucial, sino como parte de juegos de poder frente a Estados Unidos, como herramientas para satisfacer a los sectores de izquierda locales, como formas de apaciguar a Castro o como un producto que se puede transar en el “mercado” de la ONU a cambio de otros bienes. Su perspectiva es, simplemente, oportunista.
Estas posiciones de algunas cancillerías del hemisferio frente al caso cubano son claros ejemplos, precisamente, de las actitudes y procedimientos gubernamentales que tanto han dañado el prestigio y vigor de la Comisión. Lo más doloroso y paradójico es que, tras ellas, haya gobiernos surgidos de la democracia, dirigentes que padecieron violaciones a sus derechos y discursos que los ponen en primer plano retórico.
