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Carlos Jariod

Mentiras contra la objeción

Mienten quien afirma amenazante que quien objete no promocionará ni titulará. Los padres sabemos que la LOGSE y ahora la LOE permiten promocionar y titular sin que el mérito y el esfuerzo del alumno tengan apenas valor. Yo, que soy profesor, doy f

Desde hace meses los defensores de Educación para la Ciudadanía han desplegado una serie inconexa de descalificaciones personales, falsedades y amenazas contra los padres que defendemos el derecho a la objeción. El objetivo es claro: obstaculizar el movimiento de resistencia cívica y legal contra la materia. Muy brevemente resumo las falsedades y amenazas.

Dice el Gobierno nacional que quienes objetamos apostamos por la desobediencia civil (el incumplimiento de la ley) y no por la objeción de conciencia; afirma también que es imposible objetar a una materia de una ley aprobada por el Parlamento y, con descaro, se pregunta retóricamente si es posible acaso objetar a las matemáticas o al inglés; igualmente el Gobierno afirma taxativamente –he ahí una evidente amenaza– que quien no curse la materia ni promocionará ni titulará. Esta amenaza, como es sabido, fue primeramente expresada en Toledo. Y por último se presenta la objeción como la oscura respuesta de la Iglesia (entiéndase, los obispos) al Estado de Derecho. ¡Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho!

Junto con lo anterior, el Gobierno de la Nación y quienes lo apoyan reconocen la necesidad de inculcar unos valores cívicos y vuelven a preguntarse con arrebolado estupor quién puede estar en contra de hacer buenos ciudadanos. Así que, se dice, la cosa está clara: el Estado contra la Iglesia. Ya se sabe, la Iglesia, siempre contra el progreso, siempre preservando sus privilegios. ¡Estos curas!

Pero no señores, no es así. La objeción de conciencia es un derecho personal, recogido por la Constitución y que no necesita de una regulación específica para que pueda ser ejercido. Los objetores estamos amparados por la Constitución y por sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Mienten quienes hablan de desobediencia civil. Todos nosotros somos padres de familia, sin adscripción política, que nos negamos a que nuestros hijos se les enseñen valores que de ningún modo son universales ni identificables con una sociedad democrática.

Por eso mienten cuando afirman que no es posible la objeción ante un aspecto de una ley aprobada. ¡La objeción siempre es ante una ley aprobada! La razón de la objeción es preservar la conciencia moral de la persona ante una práctica de obligado cumplimiento legal. Por eso también mienten quienes afirman que, si se puede objetar a Educación para la Ciudadanía, también se podría objetar ante las matemáticas o el inglés. La objeción exige un razonamiento moral y jurídico riguroso ante la autoridad administrativa o judicial de aquellos aspectos de la ley a los que se objeta. La objeción es muy exigente, en primer lugar, para el objetor. ¿Cree el Gobierno que los objetores no sabemos lo que defendemos?

Mienten también quien afirma amenazante que quien objete no promocionará ni titulará. Los padres sabemos que la LOGSE y ahora la LOE permiten promocionar y titular sin que el mérito y el esfuerzo del alumno tengan apenas valor. Yo, que soy profesor, doy fe de ello. Desde hace años la opinión pública también lo sabe. De todos modos, nuestras asociaciones informarán objetivamente sobre lo que afirma la ley al respecto.

Y, por fin, la gran mentira. Se quiere hacer creer que quienes objetamos estamos movidos por los obispos. Marionetas palurdas de "La Iglesia"; personas sin juicio que, beatos de sacristía, somos utilizados por los obispos. Pero no. Tampoco es verdad. Somos padres de familia, ciudadanos anónimos, creyentes o no, que tienen juicio propio y que estamos dispuestos a defenderlo. Que no queremos que el Estado ni nadie introduzcan en nuestras casas y en nuestros hijos una mentalidad ajena a nuestras convicciones. Certezas morales nada extrañas; certezas procedentes de la tradición cultural que nos ha constituido como pueblo y plenamente ajustadas a nuestra Constitución.

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