A pesar de las medidas de seguridad, cualquier político o gobernante en cualquier país del mundo puede sufrir un asalto en su domicilio, como el que, aun de forma afortunadamente infructuosa, ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid este martes alrededor de las cuatro de la mañana. Lo que resulta difícil de explicar fuera de nuestras fronteras es que, más de diez horas después de que los agentes de la guardia civil que custodian el domicilio detuviesen y entregasen a la policía a los asaltantes, sólo se supiera de ellos que, “tras consulta a la superioridad”, habían sido puesto inmediatamente en libertad sin haber sido sometidos a interrogatorio alguno y sin más cargos que un mero delito de faltas. El ministro del Interior, Antonio Camacho, que hasta la una de la tarde no respondió a la llamada que le hizo la presidenta madrileña a las nueve de la mañana para pedir explicaciones, aun tuvo la desfachatez de reprochar a Aguirre que hubiese denunciado públicamente lo que le había sucedido y que “siguiera sin saber que hacían” los asaltantes en su casa. Aunque finalmente parece ser que los asaltantes sólo eran unos hinchas del Real Madrid que iban ebrios, eso en modo alguno justifica ni la impunidad ante lo que es un claro delito de allanamiento de morada, ni menos aun la absoluta desinformación a la que ha sido sometida la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre ha puesto el dedo en la llaga al preguntarse qué es lo que habría ocurrido si, en lugar de su casa, hubiera sido la de Rubalcaba la que hubiera sido asaltada.
Lo más grave de todo, sin embargo, es la señal de impunidad que se transmite en unos momentos en que hay movimientos políticos, como el 15-M, que no dudan en someter a acoso a los políticos, incluso en las cercanías de su propio domicilio, tal y como ya le ha ocurrido a Barberá o a Gallardón. Conviene recordar, asímismo, que bajo gobierno socialista, se han pinchado ilegalmente los teléfonos de políticos de la oposición, se han filtrado informes policiales que estaban bajo secreto del sumario, se ha esposado de forma tan vistosa como improcedente a miembros del PP que luego ni siquiera han sido imputados o se ha detenido, no menos ilegalmente, a pacíficos manifestantes contra ETA por el mero hecho de ser militantes del PP. El ministro del Interior está en su derecho de negar cualquier motivación política en el mal proceder policial en este asunto del asalto a la casa de Aguirre. Tal vez sea así. Lo que no es de recibo es que lo considere correcto y, menos aun, que tenga la desfachatez de acusar a Aguirre de “utilizar políticamente” el delito del que sólo ha sido víctima.