Las feministas partidarias de abolirla perentoriamente estigmatizan la prostitución como una forma actualizada de esclavitud. Su dictamen no admite matices y, como todos los imperativos dogmáticos, choca irremediablemente con la realidad. Realidad que, en el caso de esta actividad juzgada desde puntos de vista tan dispares como son los sexuales, los emocionales, los crematísticos, los legales, los sanitarios, los religiosos, los éticos, los artísticos y los sentimentales –puntos de vista que además se modifican con el transcurso del tiempo–, termina por ser extremadamente compleja. Las medidas punitivas adoptadas con un criterio simplista son, por tanto, socialmente inaplicables e incluso contraproducentes.
La prostitución voluntaria
La prostitución interpretada como una forma moderna de esclavitud refleja una parte de esa realidad: la más sórdida y patética, indisolublemente ligada al tráfico de seres humanos que practican las redes del proxenetismo globalizado. La erradicación de esta lacra no se puede encarar mediante legislaciones abolicionistas, sino mediante la acción conjunta de las fuerzas policiales encargadas de combatir a las mafias. La esclavitud de las mujeres y los niños prostituidos es tan abominable como la que padecen los inmigrantes sin papeles a los que se hacina en viviendas y talleres clandestinos para que trabajen en condiciones inhumanas. No es la industria textil la que debe ser castigada porque exista esta explotación aberrante; ni la prostitución voluntaria por el hecho de que exista una variante espuria y coactiva controlada por delincuentes. Repito: en estos casos la mano más dura de la ley se debe hacer sentir con rigor implacable sobre los proxenetas y todas las categorías de traficantes de seres humanos.
Prostitución voluntaria. Esta es la definición de la actividad que necesita el amparo de la ley para no caer en la zona tenebrosa donde medran los delincuentes. Ello, sin hacer valoraciones morales sobre las mujeres que eligen ese oficio. Si son adultas, y si además no transgreden leyes que por ahora no existen en España ni en muchos otros países de Europa, pueden disponer de su cuerpo como mejor les plazca. Basta ver a algunas desprejuiciadas mercenarias que explican descarada e impunemente, en los platós de la telebasura, cuántos miles de euros ganan cada noche, como acompañantes de deportistas, empresarios, políticos, artistas y otros magnates, para comprobar que no todas son esclavas, aunque ellas también ceden un porcentaje estipulado de sus ganancias a las agencias que las ofrecen en el mercado.
Una idea brillante
Por supuesto, estos casos de acompañantes son excepcionales. La inmensa mayoría de las prostitutas –de las que se calcula que hay 400.000 en España, un 10% de ellas nativas– se resigna a vender sus servicios a cambio de una remuneración un poco mayor que la que obtendrían trabajando en condiciones normales o cobrando el subsidio de paro. Nuevamente, la realidad es infinitamente compleja, como lo son las necesidades o las ambiciones que motivan a estas mujeres. En las encuestas aparecen pobres de solemnidad, madres que pagan una educación de calidad para sus hijos, estudiantes que sufragan su tránsito por la universidad, drogadictas que no pueden prescindir de sus dosis.
Y están, cómo no, las esclavas, muchas de ellas extranjeras que han contraído deudas inmensas para entrar legalmente o, más a menudo, ilegalmente en España; o que tienen familiares amenazados en sus países de origen; o que incluso temen ser víctimas del vudú. Es a ellas a quienes el Estado, ya sea a través del Gobierno central, de las autonomías o de los ayuntamientos, debería proteger. Pero ¿cuál es la brillante idea que se les ocurre a algunas autoridades y legisladores locales? Cobrarles multas, a ellas y a sus clientes. A ellas las despojan del diezmo que se llevaría el macarra, o de más aun, según sea el monto de lo que han ganado. Y a los clientes los disuaden de ayudarlas a salir a flote. Todo en medio del regocijo de abolicionistas acomodadas que creen haber ganado una batalla contra el Mal, cuando lo que en realidad han hecho, con la ayuda de mandamases autoritarios, es arrebatar a las prostitutas una parte de sus duramente ganados estipendios, que van a parar a las arcas del Estado, convertido en sucedáneo o socio del macarra. Y la servidumbre de las coaccionadas se convierte en una forma inicua de esclavitud onerosa: las esclavas deben pagar por serlo.
No respetan las leyes
La prostitución, confesó el consejero de Interior de Cataluña, Felip Puig, "no está penalizada ni prohibida" (La Vanguardia, suplemento "Vivir", 20/8/2012), y agregó a continuación, contradiciéndose, que se han tramitado entre 300 y 400 sanciones por prostitución en los últimos meses:
En algunas zonas se ha hecho más presión sobre las personas que ofertan de manera reiterada sexo de pago pero en otras zonas se ha actuado sobre los clientes "sin discriminación" (...) "Cada vez más gente comparte que [la prostitución] se ha de limitar a la intimidad porque atenta contra nuestro sistema de valores, la imagen del país y la cultura compartida".
Si la prostitución "no está penalizada ni prohibida", es obvio que lo que mueve a las autoridades locales es la voluntad de convertirla en una forma de esclavitud onerosa, fuente hipócrita y pervertida de ingresos para una Administración que se salta a la torera las normas legales. Lo cual tampoco debe extrañarnos: el Gobierno autonómico del que forma parte el consejero Puig está empeñado en una campaña secesionista que no sólo deja maltrechos nuestro sistema de valores y la imagen del país, sino que aborrece la cultura compartida, hasta el extremo de desobedecer las sentencias judiciales que garantizan la enseñanza igualitaria del castellano en las escuelas. No respetan las leyes, ni cuando se ensañan con las prostitutas ni cuando educan a los niños. Mientras tanto, la "Polución desbocada" (titular del suplemento "Vivir", La Vanguardia, 21/8) asfixia el área de Barcelona, donde impera la contaminación pero ya no hay putas.
Los clientes
Son doce las ciudades importantes de España que cobran multas a las prostitutas y a sus clientes, imitando los modelos sueco y francés. Sin embargo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, manifestó su discrepancia con estas medidas (EFE, 12/4/2012), esgrimiendo un argumento cargado de sentido común: no se puede penalizar económicamente a mujeres que son víctimas del proxenetismo mafioso que las explota. Aprobó la política de multar a los clientes, pero tampoco piensa aplicarla porque es partidaria de disuadirlos mediante campañas de concienciación. Chapeau!
Lo cual nos lleva al otro factor de la ecuación: los clientes. Según encuestas poco fiables, dada la renuencia a confesar determinados comportamientos, el 34 % de los españoles ha tenido relaciones con prostitutas. Aunque este sea un porcentaje inferior al real, la cifra desconcierta por lo elevada. Falta, empero, averiguar si las tuvieron a lo largo de toda su vida o las tienen en la actualidad. Si esto último fuera cierto, en una época en que se han abolido casi todos los tabúes sexuales, habría que preguntarse qué es lo que empuja a tantos hombres a optar por lo clandestino y mercenario, cuando podrían disfrutar desinhibidamente de sus deseos más secretos.
Nuestra iniciación sexual
Hoy, en España, la edad de iniciación sexual de las adolescentes ronda los 16 años. Las relaciones sexuales consentidas con niñas de 13 años no están penadas por la ley. Lo cual puede interpretarse como un progreso de la libertad personal o como una banalización que perjudicará más adelante a las presuntas emancipadas. Además, ¿es auténtica la libertad estimulada comercialmente con porros y alcohol? Lo cierto es que en Argentina, en 1948, cuando yo tenía 17 años, los varones no podíamos soñar con niñas de 13 años o adolescentes de 16, que sólo estaban al alcance de una ínfima minoría de precoces depravados. Otra minoría tenía padres sobreprotectores que contrataban criadas guapas y complacientes. Pero la inmensa mayoría dependíamos, para nuestra iniciación sexual, de las prostitutas, los yiros, en argot porteño.
Yo cursaba el bachillerato en un instituto público de élite. Lo habitual era que grupos de cuatro o más compañeros nos confabuláramos para llevar un yiro a casa de uno de nosotros cuando los padres se iban de vacaciones o a pasar un fin de semana en su segunda vivienda. Nada edificante, pero ellas no tenían 13 ni 16 años y sabían lo que hacían. Fue así como compartí mujeres con muchos que luego fueron, mientras vivían, o todavía son, prohombres de la ciencia, la economía, la política y la cultura.
Los yiros eran lo que hoy llamaríamos call-girls: vivían en pensiones y contactábamos con ellas por teléfono. Las había de todas las edades y temperamentos, aunque predominaban las jóvenes y agraciadas. Con el tiempo, se trababan relaciones de amistad, con salidas al cine y a cafeterías. Sobre todo las más maduras se mostraban, con perdón de los psicoanalistas, maternales. Insisto, teníamos alrededor de 17 años.
Pasada la adolescencia, entramos en el mundo de los ligues y, más tarde, en el de la vida familiar. Pero miro aquella etapa de mi vida, que también fue la vida de la mayoría de los jóvenes de mi generación y de muchas otras generaciones, con un profundo sentimiento de respeto y gratitud hacia aquellas mujeres, que entonces eran multadas y perseguidas por Gobiernos ultramontanos y dictatoriales, inflexiblemente abolicionistas, y que hoy son multadas y perseguidas por quienes se desentienden de la cruda realidad para acomodarlo todo a sus esquemas despojados de sensibilidad humana.