Después de más de tres años de juicio y casi doscientas sesiones de vista oral, finalmente la Justicia ha dictado sentencia sobre el caso Malaya por el saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella. En lo que se refiere a los principales implicados, Juan Antonio Roca, cerebro de la trama, ha sido condenado a once años de prisión y 240 millones de euros de multa; la exalcaldesa Marisol Yagüe, a nueve años y nueve meses, con multa de 2 millones de euros; mientras que Monserrat Corulla, testaferro del primero, afrontará una pena de cuatro años de cárcel por blanquear más de 60 millones de euros.
En todos los casos, las penas resultan sensiblemente inferiores a las que pedía la Fiscalía, en función de la magnitud de los delitos que finalmente han resultado acreditados ante el tribunal. Sorprende especialmente el caso de Corulla, con cuatro años de prisión que en virtud de la normativa penitenciaria se verán reducidos notablemente, a pesar de haber resultado culpable de blanquear más de 60 millones de euros fruto procedentes del desvalijamiento de las arcas marbellíes. Pero otro tanto cabe decir del resto de las condenas con que la Justicia ha saldado el mayor caso de corrupción en España hasta que se destapó el de los ERE en Andalucía, sin perjuicio del resultado de los ulteriores recursos, cuya interposición todas las partes ya han anunciado.
La benevolencia del tribunal en las condenas a los personajes implicados en esta trama corrupta resulta ofensiva para el sentido común, pero aún más lo es el que no hayan sido llevados ante la Justicia los responsables urbanísticos de la Junta de Andalucía, sin cuya aprobación no hubieran podido llevarse a cabo las actuaciones a través de las cuales se enriqueció de forma tan obscena este grupo de delincuentes. No hay que olvidar que son las comunidades autónomas las encargadas de supervisar los desarrollos urbanísticos de los ayuntamientos, pero la instrucción del caso no consideró oportuno imputar a los dirigentes políticos autonómicos que, por acción u omisión, permitieron durante años que se llevaran a cabo un número ingente operaciones delictivas.
La Justicia ha de ser ejemplar en el castigo de la corrupción política para que los contribuyentes tengan la garantía de que aquellos que se aprovechen de sus cargos públicos para enriquecerse ilegalmente acaben pagando con creces este intolerable abuso de confianza. Si en un caso que afecta a personajes de nula relevancia la Justicia actúa de forma tan liviana, es fácil suponer cuál puede ser el resultado penal de otros asuntos de actualidad, en los que sus protagonistas hacen gala de un círculo de influencias a un nivel inalcanzable para los insignificantes protagonistas del caso Malaya ahora condenados.