En marzo de 1936 el Gobierno del Frente Popular encarceló a José Antonio Primo de Rivera con la excusa de una posesión ilegal de armas de fuego. La misma izquierda que había montado la Revolución de Octubre (casi 1.400 muertos) y desperdigado patrullas que cortaban las carreteras se escandalizaba de que el fundador de la Falange Española de las JONS tuviera dos pistolas en su casa. Al no haber salido elegido diputado en las elecciones de febrero, José Antonio carecía de la inmunidad que daba un acta parlamentaria, aunque a José Calvo Sotelo ésta no le salvó cuando un comando terrorista socialista le sacó de su domicilio para matarle. El Gobierno de izquierdas también impidió que se pudiera presentar como candidato de las derechas a las elecciones repetidas en Cuenca en mayo.
El Gobierno ordenó su traslado a la cárcel de Alicante a comienzos de junio, un mes antes del alzamiento del 18 de julio. Allí se le sometió a un juicio farsa, en el que los partidos del Frente Popular se volcaron para conseguir la condena del caudillo falangista, hasta el punto de coaccionar al jurado. La sentencia fue de pena capital porque se le consideró culpable del delito de rebelión militar. ¡Una persona que estaba encarcelada cuatro meses antes de que esa rebelión se produjese!
El 19 de noviembre de 1936 el Consejo de Ministros, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, el Lenin Español, recibió una petición de conmutación. Indalecio Prieto, ministro de Marina y Aire, y los cuatro ministros anarquistas (Juan García Oliver, Federica Montseny, Juan Peiró y Juan López Sánchez) votaron en contra. Sólo defendieron la conmutación los ministros de Izquierda Republicana, Carlos Esplá y Julio Just. El Gobierno dio colegiadamente el enterado y Largo Caballero lo firmó como presidente. La pena se cumplió el 20 en el patio de la cárcel de Alicante.
De todos los testimonios y relatos sobre la ejecución, el escritor José María Zavala ha recuperado en un libro reciente y de gran éxito (La pasión de José Antonio) el de un testigo presencial. Se trata del ciudadano uruguayo Joaquín Martínez Arboleya (1900-1984), que se encontraba en España el 18 de julio porque trabajaba en una sociedad financiera con clientes españoles. En Alicante vivía en una pensión y otro huésped le invitó a asistir a la ejecución del señorito, porque ésta fue pública, como los guillotinamientos de la Revolución Francesa y los apaleamientos de la Camboya de los jemeres rojos. Arboleya acudió para no levantar sospechas.
Tiros a las piernas
En su autobiografía Nací en Montevideo, editada en 1970, Joaquín Martínez Arboleya cuenta cómo se desarrolló la ejecución. El fusilamiento lo realizó un piquete de ocho milicianos del sindicato anarquista CNT. Antes que José Antonio se fusiló a dos falangistas y dos carlistas a los que el tribunal popular había absuelto, pero a los que condenó el odio de los izquierdistas.
José Antonio se enfrentó a los fusiles con un mono azul raído y unas alpargatas, como un miliciano más, aunque con las manos atadas a la espalda con grilletes. Rechazó con firmeza la venda para los ojos y cuando se dio la orden de disparar gritó con fuerza "¡Arriba España!". Sin embargo, no concluyó ahí su sufrimiento, según el relato de Martínez Arboleya.
José Antonio recibió la descarga en las piernas. No le tiraron al corazón ni a la cabeza; lo querían primero en el suelo, revolcándose de dolor. No lo lograron. El héroe cayó en silencio, con los ojos serenamente abiertos. Desde su asombrado dolor, miraba a todos sin lanzar un quejido, pero cuando el miliciano que mandaba el pelotón avanzó lentamente, pistola (a)martillada en mano y encañonándolo en la sien izquierda, le ordenó que gritase "¡Viva la República!" –en cuyo nombre cometía el crimen–, recibió por respuesta otro "¡Arriba España!". Volvió entonces a rugir la chusma, azuzando a la muerte. Rodeó el miliciano el cuerpo del caído y apoyando el cañón de la pistola en la nuca de su indefensa víctima, disparó el tiro de gracia.
A punto estuvo de apoderarse del cuerpo del fundador de la Falange una chusma enfurecida que sin duda habría cometido las mismas mutilaciones con él que las que se cometieron con el del general López Ochoa en Madrid: decapitación y desmembramiento. El forense José Aznar Esterela, presidente del Colegio de Médicos de Alicante, no realizó la autopsia preceptiva. Tampoco se inscribió la muerte de José Antonio en el Registro Civil; el certificado de defunción se expidió en Alicante en julio de 1940, terminada la guerra.
Por último, los objetos personales de José Antonio no fueron entregados a su familia, sino que Prieto se los quedó: una maleta que contenía cartas a su amor, una novela inacabada, fotos, útiles de aseo… Como con tantas cosas que no eran suyas (el tesoro del yate Vita robado en España a sus propietarios), Prieto se quedó la maleta. Al menos no la gastó, a diferencia del oro, las joyas y el dinero. Prieto, a quien muchos falangistas siguen considerando un patriota y casi un aliado, guardó la maleta en la caja de seguridad de un banco mexicano. En enero de 1977 el albacea de Prieto, el socialista Víctor Salazar, entregó a Miguel Primo de Rivera, sobrino de José Antonio, las llaves de la caja. ¡Cuarenta años de apoderamiento ilegal!
El mito del 'Ausente'
En su nuevo libro (La pasión de Pilar Primo de Rivera), Zavala añade que Pilar Primo de Rivera y Martínez Arboleya, que se había incorporado a las tropas nacionales, coincidieron en la guerra en Salamanca, pero que el testigo de la ejecución de José Antonio no se atrevió a relatarle cómo había ocurrido.
Pilar pudo escapar de la zona roja bajo la protección de la embajada argentina. Embarcó en un crucero de guerra alemán, el Admiral Graaf Spee, en el puerto de Alicante, pero no pudo acudir a la cárcel para ver a sus dos hermanos encerrados en ella, José Antonio y Miguel. La futura jefa de la Sección Femenina conoció por boca de Franco la ejecución de su hermano, aunque se negó a aceptarla del todo. Hasta el 20 de noviembre de 1938, en que Franco confirmó por radio el asesinato, la zona nacional se habló de el Ausente para referirse a José Antonio.
Rafael García Serrano afirma que hubo falangistas que se hicieron matar en el frente cuando se enteraron de la noticia.
Así interpretó José Antonio Jiménez Arnau (El puente) la ejecución, como epítome del holocausto de una generación que llegó a la guerra llevada por sus mayores.
Con aquel hombre, sin que ellos lo supieran, habían caído todos aquellos que él pusiera en pie. (…) la generación que se había encontrado los días de la caída del Régimen, la generación que quemara o impidiera quemar las iglesias, la generación revolucionaria, la que tocara a rebato, despertando al país de su siesta, ésa había caído fusilada.