La versión oficial, cada vez más resquebrajada por la fuerza de los hechos, sostiene que el 23-F un grupo de militares nostálgicos del franquismo se sublevaron para detener la marcha de los españoles hacia la libertad plena. Igualmente, la Constitución que vitoreó El País en una portada famosa se encuentra a punto de derrumbarse, esta vez por obra de los políticos democráticos y no de militares golpistas.
¿Hasta qué punto el general de división Alfonso Armada, miembro de la clase política del franquismo (alférez provisional, voluntario de la División Azul) y de la democracia y hombre de confianza del Rey (jefe de la secretaría del príncipe de España y secretario general de la Casa del Rey) quería imponer un régimen autoritario?
Se debe recordar que después de la segunda victoria de Adolfo Suárez, en las elecciones de 1979, el PSOE inventó la crispación para eliminar el único obstáculo que le impedía su acceso al poder. A partir de entonces, los socialistas, encabezados por Felipe González y Alfonso Guerra, emplearon el terrorismo creciente, la crisis económica y la inestabilidad política como cuchillas para desgastar a Suárez y la UCD. Se empezó a hablar de la necesidad de un golpe de timón. Esos años, hasta el 23-F, fueron los de las conspiraciones de salón. De nuevo los militares fueron cortejados como en el siglo XIX para resolver los problemas de los políticos civiles.
Las conspiraciones del PSOE
Francisco Laína, que fue gobernador civil de Zaragoza cuando se produjo el atentado en el hotel Corona de Aragón –y contribuyó a taparlo– y director general de Seguridad el 23-F, ha contado que los socialistas estaban dispuestos a casi todo:
Me da la impresión, por la información que tenemos de aquella época, que en la última etapa de Suárez quizás el PSOE no solamente utilizó lo que era una legítima tarea de oposición, sino que además estaba presionando y creando un clima. Sin querer decir, ni mucho menos, que estuviese propiciando ningún golpe de Estado –eso hay que dejarlo claro–, el PSOE buscaba soluciones dentro del marco constitucional, pero que no eran las normales, sino forzando al máximo la maquinaria recién nacida del orden constitucional.
En julio de 1980, en un viaje oficial a Lima, Suárez declaró a un grupo de periodistas españoles que el PSOE quería sustituirle por un general al frente de un Gobierno de gestión o de concentración. El presidente desconfiaba totalmente de Armada.
Y Jordi Pujol cuenta en sus memorias que, a finales en verano de 1980, recibió al socialista en su casa para escuchar una curiosa propuesta.
El PSOE tenía una auténtica obsesión por hacer caer a Suárez. Una prueba de ello es la visita que el destacado líder socialista Enrique Múgica me había hecho a finales del verano de 1980 a mi casa de Premià de Dalt para preguntarme cómo veríamos que se forzase la dimisión del presidente del Gobierno y su sustitución por un militar de mentalidad democrática. Manifesté mi total desacuerdo.
Cuando Armada estuvo como gobernador militar de Lérida (que entonces no era Lleida), el 22 de octubre de 1980 comió con Enrique Múgica (socialista y vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso) y Joan Raventós (secretario de los socialistas catalanes) en la casa del entonces alcalde de Lérida, Antoni Siurana, otro socialista. Tres socialistas y un general veterano de la División Azul... ¿De qué hablaron?, ¿de la memoria histórica?, ¿de la Liga?, ¿de que con Franco se vivía mejor?
No se sabe cuáles fueron los temas tratados, pues Múgica no fue citado a comparecer en el juicio a los implicados en el golpe.
Días antes del 23-F, fue nombrado segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y trasladado a Madrid.
Cuatro ministros del PSOE y dos del PCE
A las pocas horas de que el teniente coronel Antonio Tejero tomase el Congreso y secuestrase a los diputados que estaban reunidos para elegir al sucesor de Suárez, Armada, vestido con su uniforme, atravesó el cordón de seguridad y conferenció con Tejero. Según dijo, fue al Congreso por orden de su superior, el teniente general Gabeiras, para persuadir a Tejero de que se rindiese.
Las versiones críticas aseguran que Armada quería presentarse ante los diputados secuestrados y que éstos le eligiesen presidente del Gobierno, ya que, según la Constitución, este cargo puede desempeñarlo cualquier español con tal de que sea elegido por el Congreso.
Armada llevaba una lista de su Gobierno de salvación nacional, cuya existencia conocemos gracias a la doctora Carmen Echave, jefa de gabinete del vicepresidente primero del Congreso, que la escuchó y la copió.
- Presidente: general Alfonso Armada.
- Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González (PSOE).
- Vicepresidente para Asuntos Económicos: J. Mª. López de Letona (banquero).
- Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (Coalición Democrática).
- Ministro de Defensa: Manuel Fraga (AP).
- Ministro de Justicia: Gregorio peces Barba (PSOE).
- Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas (UCD).
- Ministro de Interior: general Manuel Saavedra Palmeiro.
- Ministro de Obras Públicas: José Luis Álvarez (UCD).
- Ministro de Educación: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD).
- Ministro de Trabajo: Jordi Solé Tura (PCE).
- Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (UCD).
- Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Salat (CEOE).
- Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (abogado lobista).
- Ministro de Economía: Ramón Tamames (PCE).
- Ministro de Transportes. Javier Solana (PSOE).
- Ministro de Autonomías: general José Antonio Sáenz de Santamaría.
- Ministro de Sanidad: Enrique Múgica (PSOE).
- Ministro de Información: Luis María Ansón (director de la agencia EFE).
Es decir, el Gobierno de Armada tenía cuatro socialistas y dos comunistas. Y Felipe González, secretario general del PSOE, como vicepresidente primero. No es un Gobierno precisamente para establecer una dictadura militar de extrema derecha. No aparece Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva y diputado también secuestrado.
Tejero se negó a permitir a Armada entrar en el hemiciclo y dirigirse a los diputados secuestrados. Y ése es el momento, para algunos historiadores, en que fracasó el golpe.
En el juicio, Armada negó hasta lo reconocido por los demás procesados, como sus reuniones con el teniente general Jaime Milans del Bosch y Tejero. La periodista Pilar Urbano sostuvo en un libro que a la reunión con Tejero bien pudo acudir un doble caracterizado como el conspirador. Su condena fue de seis años de cárcel, pero el Supremo la elevó a 30 años. Armada pidió el indulto cinco veces, expresando su acatamiento a la Constitución. Por fin, en diciembre de 1988, el Gobierno socialista de González se lo concedió y el Rey lo firmó.
Durante su estancia en prisión escribió sus memorias, que publicó Planeta en 1983 con el siguiente título: Al servicio de la Corona.