Quienes, como un servidor de ustedes, hemos tenido la inmensa fortuna de disfrutar más de media vida el paraíso socialista andaluz, sabemos que las personas carecen de importancia para un régimen político con voluntad de durar, como el nazismo, mil años. Carece de importancia, por tanto, la dimisión forzada del secretario general de la UGT-A, segunda marca del PSOE-A y con el que podría decirse cogobierna en materia social a través de los Acuerdos de Concertación Social, hoy Pacto por Andalucía, y de la tremenda infiltración en la denominada administración paralela (el propio Fernández Sevilla es uno de esos elementos, colocado en una agencia de la Junta con miles de empleados, en la que la afiliación a UGT llega al 95%).
De modo que, aun siendo el primero de la UGT en Andalucía, el dimisionario secretario general es un insignificante peón, intercambiable. De la misma manera que éste sucedió a Pastrana "el biembesao" (recuérdese esa foto de Griñán besándole la innoble calavera), a él lo sucederá otro cualquiera, y nada habrá cambiado. Como tampoco supuso ningún cambio real que Chaves fuese desplazado por Griñán y éste por Susanita. Aquí, por desgracia, sólo cambiamos de carceleros; la cárcel sigue siendo la misma.
Nada cambiará, pues, si sólo cambian las personas, porque la corrupción de que hablamos es institucional, sistémica, y, por tanto, trasciende a las personas. Para empezar, el propio subsistema de la Formación Profesional para el Empleo (subsistema que integra lo que otrora fueran la Formación Profesional Ocupacional y la Formación Continua) está erigido sobre dos frágiles pilares: de un lado, su financiación mediante la confiscación coactiva de parte del salario (no se olvide que la cotización al sistema de formación profesional es una cotización finalista, diferenciada y obligatoria para empleador y empleado); de otro, la privatización de la gestión de la formación, sacándola del sistema público y poniéndola en manos de la patronal y de los "sindicatos más representativos", es decir, UGT y CCOO (privatización, por cierto, de la que no dicen ni mú estos ultradefensores de lo público).
Es lógico que un pastel de miles de millones de euros al año terminara atrayendo a los inescrupulosos y a los canallas, como la miel a las moscas. Sólo era necesario para provocar la metástasis del sistema encontrar una Administración suficientemente corrupta y sectaria que aceptase tolerar el saqueo en el sacrosanto nombre de la "clase obrera" y, por supuesto, en aras de la "paz social" (o en ERE de "apaciaguar los conflictos", en palabras de un exconsejero). Y se encontró. Blanco y en botella.
Así pues, un sistema con tales debilidades -tal vez concebido de buena fe, mas ingenuamente- encontró en un régimen corrupto el caldo de cultivo para institucionalizar el fraude. La Junta de Andalucía diseñó un sistema opaco, arbitrario, exceptuado de controles y, eventualmente, impune. Características que este timo comparte con el diseñado para la gestión (expolio) de las ayudas sociolaborales de la partida 31L, o fondo de reptiles.
La Junta de Andalucía es, pues, colaboradora necesaria de la UGT en todas las corruptelas, falsedades y robos que la prensa está aireando estos días. Sin su colaboración por acción y omisión nada de lo que está ocurriendo habría sido posible. La Junta aprobó el marco normativo que permite la distribución arbitraria y opaca de los fondos; que los excluye de los controles ordinarios de la Intervención y que, llegado el caso, garantiza la impunidad de las infracciones y de los infractores, e impide —con indisimulada torpeza, como le han hecho ver los jueces— el reintegro de los fondos saqueados. Es decir, la Junta ha diseñado un sistema que invita al fraude y al saqueo.
Mientras eso no cambie, nada cambiará. Así pues, que se vaya Fernández Sevilla, vana apariencia. ¡Qué más dará cómo se llame el que mande y el que trinque!