El golpe de Estado de los secesionistas supera ya al Gobierno de España. El presidente del Gobierno está perdiendo por minutos toda su legitimidad para seguir al mando del Gobierno. Ni sabe qué hacer ni pide consejo a nadie para salir del atolladero. Trata de reducir el asunto a una mera cuestión judicial, cuando ya se han traspasado todos los umbrales de los delitos penales. Pensar que esto es una cuestión de procedimientos judiciales es, sencillamente, una locura. Estamos ante un acontecimiento de calado histórico. Político. Reducir un golpe de Estado a un asunto administrativo es llamar idiotas a todos los españoles. O peor, es aceptar la muerte de España como nación, como un Estado-nación, que pudiera defenderse de los atropellos secesionistas, de los matones y de los ladrones. Sería conveniente, pues, que nos preparemos para lo peor. Reconozcamos con inteligencia que España está al borde abismo.
La impasibilidad del Gobierno, y sobre todo la exaltación de esa dura y fría impavidez por los voceros del PP y del PSOE, nos conduce a la desaparición de nuestra identidad ciudadana; el primer grado de ciudadanía, ese que nos otorga la posesión del DNI, podemos perderlo muy pronto, porque el Gobierno es incapaz de parar el golpe de Estado del secesionismo catalán. El Gobierno no está actuando con proporcionalidad ni prudencia ante el golpe de Estado que están dando los secesionistas; de hecho, ni siquiera está actuando; solo ha realizado una alevosa declaración sin sentido y sin significado para los españoles. ¿Qué significa esa paparruchada de que España no se romperá, mientras Rajoy sea presidente del Gobierno, cuando la presidenta del Parlamento de Cataluña ya ha declarado la República de Cataluña? Nada.
El tiempo cuenta contra todos los españoles y, sobre todo, contra Rajoy, que puede acabar perdiendo muy pronto la poca legitimidad que le queda para liderar cualquier acción sensata contra los golpistas. Rajoy tendría que haberse reunido ya con el resto de fuerzas políticas y presentar un plan de actuación conjunto para detener a los provocadores, conspiradores y golpistas del Estado de Derecho.
Si la declaración de la presidenta del Parlamento de Cataluña instituye, en un acto institucional, la República Independiente de Cataluña a través del grito viva la República de Cataluña por un lado, y la propuesta de secesión de España del grupo mayoritario de la Asamblea de Cataluña por otro, no son suficientes para aplicar el artículo 477 del Código Penal, entonces es que la nación española está muerta y su Gobierno vela el cadáver a hurtadillas de la población. Si no se aplica ahora el artículo 477 del Código Penal de España -"La provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la delito correspondiente.-", entonces jamás se aplicará. He ahí otra prueba de que España -el Estado-nación, el sujeto de la soberanía nacional- no está cuestionada sino moribunda. O Rajoy suspende ya la autonomía de Cataluña o pierde toda su legitimidad como presidente del Gobierno.