Asegura Albert Rivera que el 9-N se sintió "desamparado" como catalán cuando vio al Gobierno autonómico hacer el recuento de la ilegal consulta secesionista realizada en cientos de colegios públicos. Por eso ha pedido al Gobierno de Rajoy que esta vez "evite" la nueva consulta secesionista antes de que se produzca, pues "es mucho mejor evitarlo en lugar de ir luego a la vía penal, como se ha hecho al final".
Las aparentemente sensatas declaraciones del líder de Ciudadanos son, sin embargo, una muestra de una monumental hipocresía, por varias razones.
Para empezar, causa bastante sonrojo oír esto a Rivera, cuando él en ningún momento instó al presidente del Gobierno a impedir la celebración del 9-N, por la sencilla razón de que estaba convencido de que esa ilegal consulta no se celebraría, gracias a un supuesto y fantasmagórico pacto no escrito entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat en el que ambos –según dijo Rivera– quedaría bien parados: Rajoy, por impedir la consulta y Mas , por haberla intentado. Que ahora Rivera nos venga con una versión distinta y no menos fantasmagórica de ese pacto no escrito sólo demuestra que el líder de Ciudadanos es capaz de mentir pero no de ocultar el hecho de que él tampoco se atrevió a decir al presidente qué es lo que debía hacer para impedir el 9-N. Lo peor, como veremos más adelante, es que ni siquiera ahora se atreve.
En segundo lugar, Albert Rivera ignora, silencia u olvida que, tras consumarse la desobediencia largamente anunciada, el felón de Rajoy ni siquiera se atrevió a instar la vía penal contra los sediciosos. Fue Torres-Dulce quien decidió motu proprio recorrer la vía penal, pocos meses antes de presentar a Rajoy su dimisión como fiscal general del Estado. Desde entonces, el Ministerio Público, en línea con la pusilánime actitud del Ejecutivo de Rajoy, ha ido diluyendo las acusaciones contra los acusados hasta el extremo de que ya ninguno de ellos irá a prisión por unos delitos que, visto lo visto, no hay duda de que volverán a perpetrarse.
Albert Rivera en ningún momento ha criticado a Rajoy por no hacer cumplir la ley y las sentencias que los secesionistas se jactan públicamente de desobedecer. Albert Rivera en ningún momento ha exigido al Gobierno de la nación que intervenga, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, y en prevención de la comisión de nuevos delitos, la Administración regional en rebeldía. Albert Rivera en ningún momento ha exigido al presidente del Gobierno que condicione al menos la financiación extraordinaria a la Generalidad a un público y verificable compromiso de acatamiento del orden constitucional por parte de sus mandatarios. Así las cosas, ¿cómo demonios pretende este decepcionante caradura que el felón de Rajoy, a quien en el fondo sirve como un lacayo, evite que los sediciosos consumen una nueva violación de nuestro orden constitucional y sigan destinando enormes cantidades de dinero del contribuyente a un proceso secesionista radicalmente ilegal?
Pues a Rivera no se le ocurre otra cosa que el que el Gobierno de la nación hable con los funcionarios, con los Mossos d'Esquadra y con los directores de colegio para que "se sientan amparados" y, llegado el día de la nueva consulta ilegal, "resistan" las presiones de todos esos sediciosos a los que el mismo Gobierno de la nación deja que ostenten la máxima representación del Estado en Cataluña.
Esto es como si un armador, al tiempo que deja al mando de su nave a un capitán dispuesto a violar las leyes marítimas, se fuera a los marineros a decirles que no obedezcan las ilegales órdenes que recibirían de él.
Pero en fin este es el delirante espectáculo que nos brinda nuestra decadente clase política, sin que la formación de Albert Rivera sea, lamentablemente, una excepción.