El 1-O es ful. Nada. El gran acontecimiento del separatismo catalán es ya un fracaso. Tienen miedo a pagar. Le ha bastado a la autoridad nacional amenazar con sanciones económicas a quienes participen en la organización del rollo del 1-O para que todo empiece a derrumbarse. Están muertos de miedo. No son nada sin España. Nadie quiere poner en riesgo su patrimonio. Tacaños y miserables. El gran acontecimiento del 1-O ha quedado para la gente de Colau e Iglesias en una movida para engañarse entre ellos. La vía judicial se impone a la miseria nacionalista, populista y comunista. El Estado de Derecho es viable. No me extraña que Rajoy diga que está tranquilo con la cosita del 1-O. Está ganando.
Una vez que el gobierno de Rajoy hizo dejación de sus funciones de pedagogía política en Cataluña, o sea, siguió la línea de continuidad que le habían marcado los gobiernos de González, Aznar y Zapatero, trató de capear el temporal como pudo. Después del simulacro de referéndum del 9 de noviembre de 2015, Rajoy dejó claro que sólo utilizaría las vías legales. El derecho es su fuerte. Lo está cumpliendo y, por muy críticos que seamos con Rajoy, tendremos que reconocer que la ley se está utilizando contra quienes participaron en la organización de la consulta ilegal del 9-N. Las sanciones y los procesos contra los delincuentes secesionistas aún no han terminado, e incluso algunos, por ejemplo, el consejero que ha destituido Puigdemont, ven lo que se les viene encima y dudan de la viabilidad del proceso golpista hasta el punto de reconocer que quizá no se lleve a cabo el referéndum del 1-O. Por lo tanto, seamos respetuosos con lo real y no digamos que la vía judicial no funciona. Funciona, vaya que si funciona, otra cosa es que alguien crea que esa vía resuelve un problema de siglos.
Así pues, aceptemos que Rajoy no entrará nunca en el juego político que le proponen los secesionistas; menos todavía recurrirá al "uso legítimo de la violencia" para detener a los separatistas en su proceso o golpe de Estado permanente a las instituciones democráticas. Razones importantes y, seguramente, motivaciones ideológicas avalarían ese modo de actuar, pero el Gobierno renunció a ellas hace tiempo. Ahora le dan la razón los del PSOE y los de Ciudadanos. Aunque no ha sabido explicarlo, el Gobierno no aplicará el 155. Además, no lo necesita, porque una vez más los secesionistas están demostrando su cobardía. Por otro lado, nadie puede dejar de reconocer que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es una vía muy dura y, además, daría la razón a los secesionistas, que es lo que estaban buscando. Tampoco se recurrirá a la Ley de Seguridad Nacional, que quizá tenga los mismos efectos que el artículo 155.
Por todo eso, parece que la vía jurídica es la que sigue ganando para detener a los secesionistas. De momento, y mientras se sigue sancionando a quienes incumplieron la ley en el pasado del 9-N, el Gobierno prepara una denuncia ante el Tribunal Constitucional sobre la ley del referéndum de la Generalidad, que los secesionistas aún no se atreven a publicar. La Abogacía del Estado tiene ya listo un recurso serio y concienzudo para frenar una ley que vulnera el articulado de la norma institucional catalana. Varios son los razonamientos jurídicos, y todos ellos son de gran enjundia, que invocará la Abogacía del Estado ante el Constitucional, que van desde preceptos importantes de la ONU y de la Comisión de Venecia hasta la Constitución del 78, pero quizá el más importante se refiera a que esa ley vulnera el propio Estatuto catalán, porque se sitúa por encima de los procedimientos requeridos y los votos necesarios del ordenamiento constitucional español y del propio Estatut de Cataluña. Lo importante es que el Gobierno de España actúa con celeridad y diligencia. Todo está preparado para cuando se atrevan, si es que se atreven, los separatistas a pasar de las musas al teatro, o sea, el mismo día que se publique la ley secesionista el Gobierno tiene que actuar ante el Constitucional y explicar por tierra, mar y aire a lo que se enfrentan los secesionistas: la ilegalidad sobre la que se asienta la consulta puede llevar a muchos de los que participen en la organización de la cosa a sufrir penas muy serias.
Tengo la sensación de que los cambios en el modo de actuar el Gobierno en el pasado, el 9-N, y ahora para detener el 1-O son importantes. La disposición del Gobierno para atajar a los secesionistas por el camino del Derecho está triunfando. Creo que entre las advertencias, casi de mentirijilla, que hizo el anterior Gobierno a Artur Mas por la iniciativa del 9-N y los avisos y las propuestas actuales que Rajoy está haciendo a la Generalidad hay diferencias significativas. La primera es la rapidez con que el Gobierno está actuando para que la Abogacía del Estado tenga todo preparado. Y la segunda es el consentimiento del PSOE y Ciudadanos para que se explore hasta el final esta vía contra los secesionistas. Ahora hace falta emprender un proceso de pedagogía política sobre las penas que pueden aplicárseles a quienes no cumplan la ley. Los funcionarios municipales y autonómicos ya saben a las penas que se enfrentan si colaboran con el 1-O. En fin, quizá los golpistas hagan el referéndum, pero algunos pueden acabar mal parados… No creo que los secesionistas corran el riesgo de que les toquen su sueldecillo o patrimonio. En todo caso, quizá hagan un simulacro de referéndum o convoquen elecciones anticipadas, pero lo que hagan los secesionistas no me interesa ahora… Lo decisivo es que los separatistas y comunistas de Colau e Iglesias huelan el aliento de la ley en sus cogotes.