Puigdemont piensa a lo grande. Ahora quiere que la república que iba a ser la Suiza del Mediterráneo sea una potencia militar de primera categoría, Corea del Norte en el paralelo 40. Se ha animado el hombre tras la actuación de la policía regional con ocasión de los atentados de Barcelona y Cambrils. Los Mozos están muy bien, sin duda, pero un Estado de verdad tiene ejército porque el proyecto separatista para el espacio vital catalán no es una ampliación de Andorra, mar y montaña más atractivos fiscales, sino un país de tomo y lomo con el arsenal de Pyongyang, espías, satélites, comandos especiales, un escuadrón de gala para recibir a los colegas mandatarios en el aeropuerto de El Prat y otro de caballería para pasearse en descapotable por la Vía Layetana.
Ya puestos a proclamar una república, qué menos que dotarla de unas fuerzas armadas que velen por la unidad nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y tal, además de desfilar por la Diagonal el 11 de septiembre. Rebasadas todas las líneas, pudiera parecer que Puigdemont delira, pero su ensueño se asemejaba a algo real tras los últimos ataques islamistas, cuando la Generalidad ocupó el hueco del Estado en Cataluña con el uniformado y armado Trapero al frente. No fue exactamente un asalto al poder sino un tapar el vacío de poder en materia de seguridad pública derivado del absentismo del Gobierno. Un golpe de Estado en un palacio abandonado.
En medio de un pavoroso desprecio a las víctimas, el separatismo convino en convertir los atentados de Barcelona y Cambrils en un anuncio mundial de la república inminente y la operación, creen, ha sido un éxito. La comunidad internacional ha podido comprobar la excelente puntería de algunos agentes dependientes de la Generalidad y que las manifestaciones contra el terrorismo en Cataluña son como una juerga magalufa. Sin embargo, aquí, en España, nadie para los pies a los dirigentes separatistas con la excusa de que todavía no han cursado la ley del referéndum ni aún menos la de transitoriedad. Para la Moncloa, tomar la iniciativa sería una intolerable vulneración de los protocolos marianos.
El tiempo pasa y las percepciones cambian. Los Mossos d'Esquadra no eran una policía especialmente valorada por la opinión pública en Cataluña. Cuatro escándalos marcaban al cuerpo: una grabación de malos tratos a una detenida en comisaría, tres personas fallecidas tras ser inmovilizadas y el caso de una mujer a la que reventaron un ojo de un pelotazo en la huelga general de noviembre de 2012. Los atentados han alterado el panorama al punto de que el gatillo fácil merece un aplauso generalizado en absoluto incompatible con los responsos islamolaicos por los bad boys de Ripoll confundidos por un mal imán, garbanzo negro en el modelo catalán de cohesión social y en el de las religiones de paz. La prensa nacionalista da por descontado que Trapero no mandará a sus hombres a retirar urnas.
El Gobierno del Reino de España es mero espectador de todo esto por aquello de la descentralización y el traspaso de competencias. Y aún así, los magnánimos catalanistas han tenido el detalle de redactar una ley fundacional en la que contemplan que haya ciudadanos censados en Cataluña que deseen conservar la nacionalidad española sin menoscabo de la catalana. Ni se plantean que haya catalanes que quieran renunciar a ser confundidos con ellos ante la discreta retirada del Estado español.