El régimen económico especial del País Vasco y de Navarra es el sueño húmedo de los dirigentes de las demás comunidades autónomas de España. No solo porque la mera concepción del sistema foral constituya un privilegio (y un anacronismo, si lo que se pretende es vertebrar un país moderno en torno a una Hacienda común), sino porque su aplicación fraudulenta, con el acuerdo del Gobierno, lo convierte en un auténtico chollo que permite a las beneficiadas gastar mucho más que las autonomías sujetas al régimen común.
Los dirigentes de las quince comunidades restantes quieren mejorar también su financiación, y para justificar su voracidad depredadora aseguran que todo lo hacen en defensa de esos mismos ciudadanos a los que se pretende masacrar. Porque lo cierto es que a los que pagamos impuestos poco nos importa que ese dinero lo gaste después un ministro del Gobierno o un consejero autonómico. Una vez sale de nuestro bolsillo, el daño ya está hecho, y además de manera irreparable.
Ahora bien, la clase política autonómica tiene que justificar su mera existencia y, a esos efectos, denunciar agravios de las demás comunidades es siempre una buena estrategia. Ningún presidente autonómico dirá jamás que su comunidad está correctamente financiada. Ni uno solo. Todos afirman ser objeto de injusticias ancestrales, porque el derroche perpetrado desde su creación ha convertido a las CCAA en unas entidades técnicamente quebradas que gastan mucho más de lo que jamás podrán llegar a ingresar.
Disimulan afirmando que todo lo hacen por sus ciudadanos, "para que no sean menos que un vasco o un catalán". Lo seríamos si nuestros dirigentes autonómicos cuidaran nuestro dinero y redujeran el chiringuito hasta límites manejables en las condiciones actuales, pero eso es algo que nunca va a pasar.
Al socaire de la crisis catalana y su posible solución con nuevas concesiones financieras, los demás archimandritas periféricos quieren aprovechar la circunstancia para ver qué hay de lo suyo. Todos quieren su cupo. Yo también. Quiero quedarme con todo lo que gano al año y llegar a un acuerdo con Montoro para pagar solo la parte proporcional de los servicios que me presta el Estado. ¿Cuándo comenzamos la negociación bilateral?