Dice el refrán español que la mentira tiene las patas muy cortas, y, ciertamente, poco tiempo ha hecho falta para comprobar las falsas esperanzas que Rajoy dio la semana pasada a los representantes de Sociedad Civil Catalana y, en general, a las víctimas de la ilegal y liberticida inmersión lingüística que se perpetra en esa parte de España: este lunes el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha salido a la palestra con la excusa no menos engañosa de que el "artículo 155 no permite legislar" y con la todavía mayor tomadura de pelo que supone anunciar que lo que hará el PP, en realidad, será presentar una iniciativa en el Parlamento autonómico catalán, en manos de los separatistas.
Hay que tener, desde luego, mucha desfachatez para decir lo que ha dicho Pablo Casado este lunes; pero está visto que el otrora prometedor presidente de Nuevas Generaciones de Madrid hace tiempo que es, lamentablemente, digno vicesecretario de comunicación del partido político ideológicamente más corrompido de nuestro país. Y, ciertamente, Casado ha tenido la poca vergüenza de hacernos creer que haría falta aprobar nuevas leyes autonómicas para poner fin a la vulneración de los derechos de los hispanoparlantes en Cataluña, cuando lo único que hace falta, desde hace décadas, es voluntad política por parte del Gobierno español para cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias que reconocen ese elemental derecho civil a todos los españoles en todo el territorio nacional.
Garantizar el uso del español en las escuelas no requiere más que un ejercicio puramente ejecutivo y administrativo que el Gobierno de España siempre tuvo la obligación constitucional de exigir a la Generalidad. Ahora, sin embargo, es el Gobierno de España el que tiene la obligación de ser el que lo lleve directamente a cabo, mientras la Administración autonómica siga intervenida y Méndez de Vigo haga las funciones de consejero de Educación. El periodo de preinscripción para el curso que viene no espera a que haya nuevo Gobierno en Cataluña, y Méndez de Vigo va a hacer, en el fondo, exactamente lo mismo que han hecho todos los consejeros de Educación nacionalistas: seguir cercenado la libertad lingüística de todos los catalanes, más de la mitad de los cuales tienen el español como lengua materna.
Lo verdaderamente trágico es que padecemos una clase política supuestamente constitucionalista que parece ver –o le resulta más cómodo ver– el orden constitucional restablecido en Cataluña a pesar de la independencia de facto que allí impera y que, entre muchas otras cosas, cercena este derecho a estudiar en español tanto como inocula el desprecio y el odio a España en las escuelas como en los medios de comunicación. En definitiva, una vergüenza que nos debería indignar mucho más por que suceda en España que por que suceda en una futura pero inexistente república catalana independiente.