–Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición, en España, y que en consecuencia deberían ser extraditados esos responsables políticos a España.
Así de claro fue Pedro Sánchez en sus declaraciones televisadas del pasado mes de mayo, aunque de las incalificables declaraciones de la incalificable Carmen Calvo parezca deducirse que se trataba de otra persona por no ser presidente en aquel momento. La política en España es una perpetua burla a los ciudadanos.
Pero ahora, seis meses después, Sánchez se sienta en el sillón de La Moncloa gracias precisamente al apoyo de los partidos golpistas y filoterroristas, por lo que a nadie debería sorprender que hayaforzado a la Abogacía del Estado a contradecir a la Fiscalía no acusando a los golpistas del delito de rebelión, ése que tan claramente está tipificado en el artículo 472 del Código Penal.
Según parece, la clave de la cuestión es la ausencia de violencia suficiente como para considerar que, efectivamente, se produjo una rebelión. Las imágenes captadas se cuentan por cientos, si no por miles, y en todas ellas queda muy claro que si no corrió la sangre fue gracias al impecable comportamiento de policías y guardias civiles, que aguantaron el infame comportamiento de los separatistas con una fortaleza y una profesionalidad admirables. Pues si hubiera dependido de los dirigentes y mozos de escuadra golpistas –ésos que poco tiempo atrás habían pretendido adquirir armamento bélico–, se habrían vertido ríos. ¿Hace falta recordar las repetidas declaraciones de dirigentes separatistas explicando que sin muertos no habrá independencia? Hay que ser canalla para movilizar a los demás. Y muy canalla para encima desear que alguno pierda la vida para mayor gloria del movilizador.
El aberrante criterio gubernamental tendrá evidentes efectos atenuadores en las decisiones de los jueces españoles, pero tan importante o más que eso será el mensaje recibido por los demás países de la UE, que no tendrán ningún motivo para conceder más importancia al golpe de Estado que la que le conceda el Gobierno del propio país afectado. Si el Gobierno español no se ocupa de la primera de sus obligaciones, garantizar la pervivencia del Estado, que nadie sueñe con que se vayan a ocupar de ello los Gobiernos y tribunales de los demás países europeos.
Llevamos cuarenta años de vulneración del Estado de Derecho por parte tanto de los separatistas como de los inútiles perjuros que nos han gobernado desde que se promulgó la Constitución de 1978, y sorprende que todavía no haya saltado por los aires. Pero la mina subterránea que le están excavando los calamitosos gobernantes actuales será el golpe definitivo. Aunque muchos sigan sin darse cuenta, los españoles nos estamos jugando en estos días nuestra legalidad, nuestra estabilidad, nuestra prosperidad y nuestra paz.
Si el golpe de Estado de septiembre-octubre de 2017 les sale gratis a los golpistas, sea mediante sentencia sea mediante indulto; si el propio Gobierno no hace que la ley se cumpla caiga quien caiga, y mucho más ante unos hechos que podrían haber desembocado en derramamiento de sangre entre catalanes, no podrá después exigir a los españoles que cumplan las leyes ni a los políticos separatistas que no vuelvan a organizar un golpe de Estado.
Quizá conviniese recordar que la última vez en que el Estado de Derecho desapareció de España, debido precisamente a su demolición por los propios gobernantes, fue la sangrienta primavera de 1936. Como declararía con amarga contundencia Claudio Sánchez-Albornoz, presidente del Gobierno de la República en el exilio, los republicanos fueron los culpables de la Guerra Civil "por no haber sabido mantener el orden, cayera quien cayera". Algunos deberían tomar nota de las lecciones de la historia.
Lo más grave de lo que sucede hoy en España no es que los principales interesados en su demolición sean los separatistas. Eso es lógico y está muy claro desde hace muchas décadas, aunque la mayoría de los españoles no hayan querido darse cuenta de ello hasta que vieron las imágenes del año pasado en la televisión. Lo más grave es que los principales enemigos de España, los principales traidores, se sientan en el Consejo de Ministros.
Como dijeron aquéllos, "¡el enemigo está dentro, disparad sobre nosotros!".