Un error importante que se cometió en la Transición fue ceder la competencia de educación a las comunidades autónomas que previsiblemente iban a ser gobernadas durante muchos años por partidos nacionalistas, como ha sido el caso de Cataluña y del País Vasco. Algunos miembros del Gobierno de la UCD que tuvieron un papel relevante en las negociaciones para aprobar en el Congreso de los Diputados los estatutos de autonomía de Guernica y Sau mantienen que no hubo otro remedio que transferir esa competencia, porque en caso contrario el PNV y CIU no hubieran apoyado la aprobación de esos estatutos y el incipiente marco constitucional del 78 hubiese corrido peligro.
El caso es que, cuando se está a punto de cumplir el cuarenta aniversario de la aprobación de la Constitución, los partidos independentistas catalanes siguen en el golpe al Estado, y en el País Vasco el PNV se mantiene a la expectativa de lo que acabe sucediendo en Cataluña, sintiendo el aliento Bildu en el cogote. Para ir avanzando en su proyecto político, los partidos nacionalistas han aprovechado la herramienta de la educación para llevar a cabo el adoctrinamiento en las escuelas, el falseamiento de la historia de España, el enaltecimiento de lo local en detrimento de lo universal, lo que conlleva entre otras cosas un empobrecimiento cultural de los destinatarios de esas políticas educativas.
Todo esto ha sido consentido durante años y años por los sucesivos Gobiernos de España, fuesen del PSOE o del PP, en pro de la necesidad de un entendimiento con esos partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco. Un entendimiento que en muchas ocasiones se reducía a recabar sus votos en el Congreso para investir a un presidente o aprobar los Presupuestos Generales de Estado. La Alta Inspección educativa, que es competencia de la Administración central y que está contemplada tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco para velar por que los Gobiernos de esas CCAA cumplan lo establecido en las leyes de carácter general, ha sido un instrumento inoperante por razones exclusivamente políticas. Cuando a la mesa del ministro de Educación de turno llegaba un informe detallado de la Alta Inspección, con todas las irregularidades, falsedades, manipulaciones bien documentadas en base al análisis de los contenidos de los propios libros de texto, el destino habitual era guardarlo en un cajón, cuando no tirarlo a la papelera.
Por todo ello, el anuncio hecho por el nuevo líder del PP, Pablo Casado, de que su partido propondrá recuperar para la Administración central la competencia en materia educativa es una buena noticia. Para ser justos, habrá que recordar que quien primero planteó eso fue Rosa Díez cuando estaba al frente de UPyD, y algo debía de saber del asunto, porque durante varios años, cuando militaba en el PSE, formó parte del Gobierno vasco de coalición del PSE con el PNV, aunque ella no estuviera al frente de la cartera de Educación.
Al final, más vale tarde que nunca, y en ese sentido el anuncio de Casado tiene su trascendencia. No se trata, como propone Vox, de demoler el Estado de las Autonomías, sino de que materias tan sensibles como la educación no estén en manos de quienes no quieren formar parte de España. Por eso, pensando en las próximas elecciones generales, el PP y el resto de partidos constitucionalistas deberían llevar en su programa esta y otras medidas que tengan como objetivo blindar lo que constituye la esencia de una Nación, y la educación, qué duda cabe, es una parte muy importante de la misma.