Los ciudadanos españoles que por haber nacido en Cataluña o haberse radicado allí figuran en el censo de dicha región están condenados a ser víctimas de trampas en una elección tras otra. La primera trampa, vigente en todos los comicios desde que se implantó la autonomía, consiste en que el valor de sus votos depende de la provincia donde están empadronados. Se necesitan 46.738,5 votos para elegir un diputado al Parlament en Barcelona, pero bastan 30.450,1 para elegirlo en Tarragona, 29.154,4 en Gerona, y solo 19.940,9 en Lérida. Con la balanza visiblemente desequilibrada a favor de las zonas más anacrónicas y rurales contra las más esclarecidas y metropolitanas para acomodar los resultados a los proyectos rupturistas de la oligarquía étnica. ¿Un ciudadano, un voto? ¡Cuentos chinos… o catalanes!
Intereses espurios
Ahora vamos de trampa en trampa con los cambios de fecha de la jornada electoral, aunque esta vez se ha multiplicado el número de timadores y también la naturaleza de los intereses que los mueven. Eso sí, todos espurios. Lo único que queda claro en este aquelarre es que la Generalitat de Cataluña está acéfala y que cada uno de los depredadores que se disputan el poder tiene vía libre para imponer las tácticas fraudulentas que mejor sirven a sus ambiciones desorbitadas. Y es precisamente la acefalía que impera desde que el sátrapa Quim Torra fue inhabilitado por su chulería, la que ha obligado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a aplicar la ley y a decidir, provisoriamente, que las elecciones se celebren el 14 de febrero.
Al proceder así, el TSJC desbarató la trampa chapucera que habían urdido los usurpadores sediciosos para prolongar su mandato hasta el 30 de mayo, pero allanó el camino, por carambola, a otra trampa cocinada, con premeditación y alevosía, en los fogones del contubernio sanchi-comunista. De trampa en trampa sin parar.
Un plan sofisticado
El plan de la nueva trampa es mucho más sofisticado que el que se había fraguado en la mollera de los palurdos supremacistas. Apunta nada menos que a secuestrar el voto de la mayoría constitucionalista para ponerlo al servicio de los enemigos de la Constitución emboscados tras las siglas del PSOE y de su apéndice PSC. El funámbulo Miquel Iceta –flamante comisario de taifas– no se cansa de repetir, con orgullo tribal: “Cataluña es una nación”, consigna acuñada para adornar el escudo de una de las repúblicas bananeras de la plurinación gestada en el laboratorio del leninista Pablo Iglesias Turrión.
¿Lo imagináis? Un honesto ciudadano catalán, que siempre ha votado a partidos de izquierda, centro o derecha fieles a la democracia constitucional, súbitamente conquistado con malas artes por una tropa de renegados y encolumnado, a ciegas, detrás de un candidato que encarna todo lo opuesto a la sociedad plural y abierta que él contribuyó a consolidar con su sufragio. Vaya timo.
El pacto de complicidad
Y sin embargo este es el escenario que están montando los tránsfugas. Vayamos a los hechos. Los lenguaraces del contubernio quieren hacernos creer que votar a Salvador Illa equivale a hacerlo contra la morralla supremacista con sede en Waterloo, Lledoners y un cuchitril de la Zona Franca donde languidece el símbolo de la acefalía. Esta es la trampa. La élite que compite desde la Moncloa con la morralla no es menos destructiva que esta y sí más astuta. Salvador Illa es la prueba.
El discurso que pronunció Illa en el comité federal del PSOE para aceptar su candidatura, cuando todavía era ministro de Sanidad, lo mostró como el continuador de la política de subordinación al entramado sanchi-comunista, con sus metástasis en ERC y Bildu. “No pienso ajustar cuentas con nadie ni preguntar a nadie qué hizo durante estos diez años”, afirmó Illa, que prometió también no perder ni un minuto en “reproches” sobre lo que pasó (LV, 24/1/2021). Así selló el pacto de complicidad con los reos de sedición predispuestos a reincidir. Votarlo es pronunciarse a favor de todas las aberraciones perpetradas a lo largo de estos diez años y de la herencia del clan Pujol.
Votarlo, por tanto, es votar a favor del indulto a los sediciosos presos y prófugos, de la inmersión lingüística y la proscripción de la lengua española, de la campaña internacional de difamación antiespañola, de la violación del Estado de Derecho, de la fractura de los vínculos sociales y económicos entre compatriotas, de la fuga de emprendedores e inversores y, en fin, de la caducidad de la Monarquía parlamentaria. Con el añadido de que esta política desemboca irremediablemente en la salida de la Unión Europea. Acaba de afirmar el embajador de Alemania en España, Wolfgang Dold (LV, 25/1/2021): “Una Catalunya separada no entraría en la Unión Europea, eso es una ilusión”.
Sean cuando sean las elecciones, hay tres fórmulas constitucionalistas contra el cúmulo de trampas: Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Lo ideal sería que confluyan en una sola.