Es de noche y no hay nadie en la calle. Acelero el paso para llegar a mi casa cuanto antes porque siento el cansancio de un largo día de trabajo. Tras cerrar la puerta, me quito la mascarilla y respiro profundamente. Después de una ducha caliente, intento relajarme mientras ceno lo que he encontrado en la cocina.
Consulto Twitter. Grave error. Empiezo a leer diversos mensajes y veo la petición de un mayor Estado para actuar contra la crisis económica. Visito la web de un periódico de tirada nacional y leo que varios partidos políticos reivindican una intervención severa de la Administración para evitar la fuga de youtubers. Pero me doy cuenta de que, lea lo lea, se pide un Estado más grande para que sea omnipresente y omnipotente, una especie de bálsamo de Fierabrás que curará todos los males.
Los que proponen el uso permanente del Estado para resolver todos los problemas, incluso los más nimios inconvenientes, obvian que la intervención del Estado también presenta externalidades negativas. Por ello, quiero poner de relieve cuatro problemas que pueden provocar el uso y abuso de políticas intervencionistas estatales.
El primero es que limita la iniciativa social. La borrasca Filomena fue un gran ejemplo porque evidenció dos comunidades de vecinos diferentes. Unos, los que ante el desbordamiento de los recursos públicos ante una crisis de magnitud extraordinaria lideraron la retirada de nieve de sus portales y calles y se organizaron para hacer compras urgentes o facilitar transportes para otros vecinos que lo necesitaban. En cambio, a otras comunidades se les acumulaba la nieve y sus problemas se multiplicaban. Una sociedad con iniciativa propia es una comunidad que, mediante la cooperación social, reacciona frente a una crisis de manera rápida y eficaz sin dejar a nadie atrás.
En segundo lugar, se reduce la invención colectiva. Si un país tiene que innovar para buscar soluciones a nuevos retos, es siempre más eficaz que lo haga toda una sociedad en su conjunto que no solo el político mesiánico. Las ideas rupturistas y eficaces nacen en sociedades amplias que retan las normas, rompen con el statu quo o trazan nuevos caminos para superar los desafíos que tiene por delante, no son propias de una oligarquía política.
En tercer lugar, limita el control al Ejecutivo y al Legislativo. Una sociedad fuerte es capaz de controlar al Gobierno y sus representantes, corregir sus decisiones y cambiarlos de forma democrática, sosegada y pensada. Una sociedad fuerte obliga a los servidores públicos a ser unos perfectos representantes de su comunidad.
Por último, el aumento de la intervención estatal recorta los recursos de las personas y, por ende, parte de su libertad. Los recursos estatales empiezan y acaban con el esfuerzo, el sudor y el trabajo de los ciudadanos. Por lo tanto, más Estado es igual a personas con menos medios para inventar, crear y aportar a su comunidad. Además, uno de los ejes fundamentales de la libertad es la propiedad. Así que cuando el Estado cercena parte de las posesiones de los individuos, la libertad se resiente.
En conclusión, el Estado debe estar al servicio del ciudadano para proteger y, en su caso, potenciar todo aquello que ofrece una sociedad libre. Ante la crisis económica y social provocada por la covid-19, el papel del Estado es el de hacer de palanca para la recuperación (los fondos Next Generation de la UE son el mejor ejemplo de ello), no el de intervenir el mercado ni hacer a los ciudadanos rehenes de las subvenciones.
Si rompemos un sano equilibro entre sociedad civil y Estado, podemos acabar con un Estado autoritario dirigido por autócratas o, por lo contrario, si anulamos toda presencia imperará el anarquismo. Hoy algunas personas proponen un intervencionismo estatal duro, pero olvidan que esa decisión puede arrinconar e inhabilitar a una comunidad. España necesita una sociedad cohesionada, intelectualmente crítica y con iniciativa propia si quiere salir de esta crisis, así que es el momento de devolver el protagonismo a la sociedad civil.