A veces se olvida que el proceso separatista es un negocio formidable y conviene recordarlo, sobre todo cuando las plañideras del independentismo claman contra la presunta represión de un Estado supuestamente brutal, totalitario, torturador y opresor. Precisamente una de las políticas catalanas que con más vehemencia denuncia las tremendas tropelías del Estado español, doña Laura Borràs, presidenta del Parlamento regional, no ha tenido el más mínimo reparo en solicitar y aceptar una plaza de funcionaria de ese Estado que según su versión vendría a ser algo así como una mezcla del aparato represivo malayo y el sistema judicial del Estado Islámico.
Cuando deje la política, la señora Borràs gozará de los privilegios de una plaza estatal de profesora universitaria. Podría haber optado por ser funcionaria de la Generalidad, pero ha preferido esa Administración española que tanto odia y contra la que tanto combate ahora desde la Cámara catalana y antes en el Congreso de los Diputados. En la Universidad de Barcelona hay profesores que todavía no salen de su asombro porque se acaban de enterar de una convocatoria a la que sólo se presentó doña Laura. Transparencia a tope.
Esta buena mujer comenzó a luchar contra el opresor allá por 2013 en la Institución de las Letras Catalanas, y fue tanta su lucha que los Mossos (que según los separatistas son la "nostra policia" para unas cosas y lacayos del Estado cuando les conviene) emprendieron una investigación porque se dedicaba supuestamente a fraccionar contratos para beneficiar a un amigo informático, prenda que en otro expediente ha sido condenado por tráfico de drogas.
Para esta señora no supone ningún problema despotricar contra el Estado y trincar del Estado, del mismo modo que para sus colegas de partido, Junts per Puigdemont, tampoco es un problema decir que están muy perseguidos mientras se montan en el coche oficial, llevan escolta, mangonean en las consejerías de la Generalidad y cobran salarios públicos ciemmileuristas.
Brutal opresión. Que se lo digan a Torra, el gran reprimido, condenado a la terrible pena de 18 meses de inhabilitación para cargo público, lo que no le impide cobrar 120.000 euros públicos al año de pensión como expresidente. ¿Y los que están en la cárcel? ¿En la cárcel? "Gran Hotel Lledoners" le llaman a esa prisión, y valga decir que las prisiones en Cataluña dependen de la Generalidad, cosa que explica lo del nombre de la trena.
Que el proceso es un negocio se nota también en las negociaciones entre ERC y Junts para formar Gobierno. Los principales escollos tienen que ver con la pasta. Puigdemont exige que el pueblo le pague el Consell per la República con cargo a los presupuestos de la Generalidad. Dicho consejo es una entidad privada y, como la grey separatista ya no paga fianzas y mandangas como antes, el prófugo pretende que la estancia en Waterloo se la sufraguen todos los catalanes, comulguen o no con la republiqueta.
El otro punto de discordia es el control de la Consejería de Economía y de los fondos procedentes de Europa para la reconstrucción pospandemia, un botín que el sector negocios de la nueva Convergencia le disputa al sector de la subvención de la vieja Esquerra. Todo ello, claro, en medio de una represión del carajo.