Hace poco menos de un mes advertíamos en estas mismas páginas de que Pedro Sánchez no iba a dejar de "sabotear todo aquello que sirva para que Madrid pueda seguir siendo un faro de libertad y prosperidad, la gran alternativa a su régimen liberticida". Pues bien, este jueves hemos conocido hasta qué delirantes extremos pretende llevar el presidente del Gobierno su aversión a la comunidad autónoma que de forma tan clamorosa le dio la espalda en las pasadas elecciones del 4 de mayo. Y es que, bajo la pantalla del Consejo Interterritorial de Salud, el Ejecutivo social-comunista ha convertido lo que hasta ahora eran simples pero muy cuestionables recomendaciones contra la pandemia en medidas de obligado cumplimiento, tales como cierres perimetrales, cierres en el interior de los bares, reuniones de cuatro personas como máximo y la prohibición total del ocio nocturno.
Se trata de una imposición clamorosamente ilegal, por varios motivos. Para empezar, la propia Ley 16/2003 establece que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud deben adoptarse "por consenso", lo que implica que no deberían contar con el rechazo de ninguno de sus integrantes. Pues bien, hasta seis comunidades han votado en contra –Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco–, mientras que Melilla y Castilla y León se han abstenido. Pero es más: el Tribunal Supremo ha decretado que las leyes sanitarias vigentes no permiten a las comunidades decretar un toque de queda general ni limitar las reuniones sociales para toda su población para combatir el covid, dejando así sin efecto el confinamiento nocturno y el limite de personas en reuniones sociales decretado por el Gobierno de Baleares tras levantarse el estado de alarma.
Es evidente que, si las CCAA no pueden imponer tamaña vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tampoco lo puede hacer el Consejo Interterritorial de Salud –léase el Gobierno– sin el previo establecimiento de un nuevo estado de alarma. La contradicción del Gobierno de Sánchez al impulsar estas medidas es aún más palmaria si se tiene presente que se jacta del buen ritmo de vacunación que se ha alcanzado en España.
Sólo desde el resquemor por los resultados electorales y el pánico a que Madrid siga siendo un faro liberal frente a la coactiva y empobrecedora gestión social-comunista –este jueves se ha sabido que la caída del desempleo en Madrid durante el mes de mayo fue sido la más alta del último lustro– se pueden entender estas medidas, incomprensibles tanto desde el punto de vista económico y legal como desde el sanitario. Hará muy bien el Gobierno de Ayuso, tal y como ha anunciado, en no acatarlas.