Por fin, después de cuatro décadas de exclusiones y mentiras, la sentencia firme del Tribunal Supremo avalando la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declara ilegal la inmersión lingüística. Al menos el 25% de la enseñanza en Cataluña ha de impartirse en español. Digo "al menos" porque hasta la prensa afín al constitucionalismo se queda en el logro del 25%, cuando en realidad la sentencia lo pone como mínimo exigible. Y en las dos direcciones, sea este el español o el catalán. ¿Cómo se traduce en cifras? De las 25 horas lectivas, las impartidas en catalán pasarán de 19 a 16; en español, de 3 a 6; y 3 serán en inglés. Logro escaso, pero como cuña para desmoronar la exclusión es extraordinario, aunque no suficiente. El objetivo es la libertad lingüística.
No es sólo, sin embargo, el derecho a estudiar en la lengua común y oficial de todos los españoles, es ante todo el desenmascaramiento de todas las estrategias de desinformación, propaganda, exclusión, victimismo y mentiras que los distintos gobiernos de la Generalidad desde Jordi Pujol hasta hoy han desplegado para imponer su apartheid lingüístico.
La mentira ha sido tan grosera y persistente en el tiempo, que han llegado a sostener la constitucionalidad de la inmersión en nombre de sentencias nunca emitidas por el TC. Muy al contrario, la 337/1994 la negó al sostener la conjunción lingüística de las dos lenguas, donde ninguna de ellas podía ser exclusiva ni excluyente. Corroborada por la sentencia del propio TC en 2010 sobre el Estatuto. A pesar de ello, la mentira se ha sostenido en el tiempo, porque lo que perdían en los tribunales lo ganaban en los medios de comunicación afines.
El problema, hoy como ayer, es que los Gobiernos de la Generalidad jamás han cumplido sentencia alguna. Mediante dilaciones y filibusterismo judicial, han logrado actuar al margen de la ley, sin que ningún Gobierno de España haya tenido agallas para hacerlas cumplir, por depender sus mayorías parlamentarias de los Gobiernos nacionalistas. Los derechos lingüísticos siempre fueron moneda de cambio.
No esperen variación alguna, no ya por que el presidente de la Generalidad haya afirmado ante la sentencia: "El catalán en la escuela no se toca"; o por que el Consejero de Educación, González Cambray, haya ordenado a la dirección de los centros de enseñanza no hacer cambio alguno; o por que el propio Parlamento catalán haya votado en contra de cumplirla. Sino porque el Gobierno del PSOE no hará nada para hacerla cumplir.
Sin embargo, el tiempo no pasa en vano. La sentencia marcará un antes y un después. Ni en Cataluña ni en España cuela ya el cuento de la persecución al catalán. En Cataluña, los únicos derechos perseguidos son los de los castellanohablantes. ¿Por qué un hijo de padres catalanohablantes puede estudiar en su lengua materna y un niño castellanohablante no? ¿De qué va este timo?
Hay dos líneas, las dos legítimas, que están desenmascarándolo: la seguida por Hablamos Español, que exige la libertad lingüística, es decir, que cada cual elija en qué lengua quiere estudiar sin renunciar al conocimiento de la otra; y la seguida por la AEB, que ha optado por las conquistas graduales. Esta segunda coincide con la propia sentencia del 25%, lograda tras la iniciativa de la Abogacía del Estado en 2015 del inolvidable Severo Bueno. En la misma o parecía línea ya habían trabajado Paco Caja y Ángel Escolano, y trabaja incansablemente José Domingo.
Por su parte, Hablamos Español, entidad presidida por Gloria Lago, acaba de denunciar al consejero de Educación, González Cambray, por prevaricación. El único lenguaje que entienden los supremacistas.
Es un camino lleno de esperanza. Aconsejo tres artículos que exponen las vías jurídicas para el cumplimiento de la ley: "Vehicularidad del castellano en la escuela catalana y desobediencia", de Rafael Arenas; "Cumplimiento de las sentencias y garantía de los derechos", de Teresa Freixes, y "El fin de la inmersión lingüística", de José Domingo.