Relato oficial: el PSOE tenía asegurada la convalidación de su reforma gracias, entre otros, a los votos de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Ambos deciden en el último momento desobedecer a la dirección de su partido y votan en contra, lo que habría bastado para que la norma no fuera aprobada. Sin embargo, un diputado del PP, convaleciente en casa y votando telemáticamente una hora y pico antes de que se produjera la votación presencial, vota sí por error o por un fallo informático. El diputado acude al Congreso a intentar votar presencialmente, pero no le dejan acceder al hemiciclo. Se produce la votación y el decreto ley es convalidado gracias a ese error. El PP protesta porque no se ha comprobado, como ordena el reglamento de la cámara, el genuino sentido del voto del diputado. La presidenta desatiende las protestas y el decreto se convierte en ley.
Los hechos han podido ser estos. Pero han de tenerse en cuenta varias circunstancias. Que se trata de la votación más importante de la legislatura. Que los diputados de UPN pasaron toda la mañana avisando de que quizá desobedecieran las órdenes de su partido y votaran por la tarde en contra. Que el PP sólo protestó tras la votación, cuando el diputado en cuestión sabía mucho antes que su voto se había computado como un sí. Tanto como para darle tiempo a ir al Congreso y que le prohibieran entrar. Que el Grupo Parlamentario Popular parece que no supo nada del error hasta después de terminada la votación, pues en ningún momento intentó que se suspendiera la votación hasta que se aclarara el sentido del voto telemático emitido hora y pico antes por su correligionario convaleciente. Y eso a pesar de que el diputado que se equivocó es un alto cargo del partido, secretario de organización nacional y colaborador estrecho de Teodoro García Egea, con fácil acceso por tanto a los cargos de su grupo parlamentario. Que el PP ha sido durante semanas objeto de innumerables presiones para que el partido votara a favor del decreto. Que estas presiones no sólo han venido de los empresarios que lo negociaron, sino de importantes figuras del último Gobierno del PP, como Cristóbal Montoro, Fátima Báñez, contratada por los empresarios para que les asesorara en la negociación, y el mismísimo Mariano Rajoy. Que Pedro Sánchez condicionó el modo de repartir los fondos europeos a que los empresarios llegaran a un acuerdo con los sindicatos. Que, en definitiva, en la aprobación del decreto ley había muchísimo dinero en juego. Y que por muy rocambolesco que haya sido el modo, el caso es que el decreto ley ha sido aprobado gracias al voto de un diputado del PP.
Sí, es posible que las cosas ocurrieran como nos cuentan, pero francamente es muy improbable.