Las leyes de memoria histórica son artefactos peligrosos. Para empezar, por esa deliberada confusión de memoria e historia que las distingue. Se justifican con la intención de reparar moralmente a las víctimas, cuando se podría hacer sin imponer una versión del pasado y condenar cualquier otra. Pero su auténtica utilidad es la de abonar una reescritura de la historia y su instrumentalización política. Un caso paradigmático es el de las leyes de memoria que rigen en la Rusia de Putin. No sólo han servido para dotar de un relato nacional al régimen autocrático. También han dado sustento a la invasión de Ucrania.
No por azar, dos días antes de que las tropas rusas atacaran, la Duma aprobó multas y penas de prisión para quienes contravengan la ley que prohíbe todo intento de equiparar los objetivos y acciones de la Unión Soviética y la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y todo cuestionamiento del "papel decisivo del pueblo soviético en la victoria sobre el fascismo". La noción de que había que invadir Ucrania para desnazificarla no es una creación reciente. Ha tomado cuerpo a lo largo de los años en un proceso de revisión del pasado donde el tema clave es la lucha contra el fascismo, y cuyo corolario es que la vieja consigna "quien está contra el Comunismo está con el Fascismo" se sustituye por "quien está contra Rusia está con el Fascismo".
Putin lleva dos décadas haciendo política con la historia. Ya en 2009, con Medvedev, se formó una comisión sobre "las falsificaciones de la historia en detrimento de los intereses de Rusia". Del empeño formó parte una rehabilitación parcial de Stalin, pero su figura no generaba el mismo consenso que la mitología de la guerra, muy viva y presente entre la población. De ahí que se desembocara en una ley para defender "la memoria de los defensores de la Patria", que castiga a quienes falten al respeto a "los días de gloria militar y fechas memorables" o difundan falsa información sobre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
En esta reescritura del pasado, cualquier asomo de analogía con los crímenes de los nazis está vedada y penada, y prácticamente se hace desaparecer el tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de 1939, el Ribbentrop-Mólotov, en el que ambos países se repartieron Europa Oriental, y que condujo a la invasión de Polonia por unos y otros, y luego a la anexión de Lituania, Estonia y Letonia. Lejos de reconocer estos hechos y la responsabilidad de los soviéticos en la matanza de Katyn, las autoridades rusas caracterizan la invasión de Polonia como una "campaña de liberación". Lo hacía el 17 de septiembre pasado, aniversario de la invasión, el Ministerio de Exteriores ruso en un mensaje en Twitter que decía que, tras la entrada del Ejército Rojo en Polonia, "los pueblos de Bielorrusia Occidental y Ucrania Occidental saludaron a los soldados soviéticos con regocijo".
Oficializar una versión del pasado de un país, convertirla en ley y sancionar e imponer penas de cárcel a quien incurra en desviaciones es lo que ha hecho Putin. Cuando nuestro Congreso de los Diputados aborde esa Ley de Memoria Democrática que el Gobierno ha pactado con Bildu debería reflexionar sobre lo peligroso del artefacto. ¿O van a llamar a Putin para pedirle consejo sobre cómo se hace política con la historia?