El diputado Patxi López, de quien se dice que cuenta de nuevo con el favor de los dioses (o del dios), acaba de explicar por qué se pactan con EH Bildu leyes como la de Memoria. Es, dijo, "porque la derecha no quiere acordar nada con el Gobierno". Pocos lo hubieran dicho de forma más simple. Y López ya lo tiene ensayado. Hace un año dijo lo mismo a propósito de otros pactos. Cierto que no decía lo mismo cuando era presidente de la autonomía vasca con los votos del PP y UPyD. Entonces censuraba al PNV que pactase con Bildu. Pero, vaya o venga López, es significativo el intento de justificación.
Tal es el embrollo que han liado con la enmienda de Bildu, que el secretario de Estado de la Memoria Democrática, cargo en el que resuena el eco orwelliano, tuvo que aclarar el otro día que Lasa y Zabala no habían sido víctimas del franquismo. Meter la guerra sucia, hecha ya en democracia, en el mismo saco que la guerra civil y la dictadura es un gran disparate. Pero un disparate que el Gobierno ha querido cometer, fuesen cuales fuesen sus consecuencias. La primera la anunciaba Bildu: "Vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar". Y más.
No son los de Bildu, sin embargo, los únicos a los que se ha concedido el privilegio de reestructurar nuestro pasado. Las dos leyes de Memoria, una de Zapatero y ésta de Sánchez, usan como fuente de legitimidad relatos compuestos por organismos y asesores externos. El primero salió de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Aprobado en 2006, está firmado por un socialista maltés y contó con la asesoría de tres historiadores, ninguno español. Para hacerse una idea de la calidad de su relato histórico, estas líneas: "Las élites franquistas han aceptado la transición y el retorno de la democracia a cambio de una amnistía política de hecho, que descansa en un pacto de silencio". Salvo para los autores de la pieza, es sabido que la Transición fue impulsada desde las élites políticas franquistas, a excepción de una parte residual. No es que la aceptaran; es que la dirigieron. El mito del pacto de silencio cae por sí solo.
El otro informe, el que también cita la nueva Ley, es de 2014, del relator especial de la ONU. Su autor, Pablo de Greiff, vino de misión a España unas semanas y encontró que no se había hecho suficiente en las materias de su competencia. Por ponerlas completas: la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Greiff, colombiano formado en Estados Unidos, ya no es relator, pero el Gobierno español contó con su asesoramiento para esta nueva versión de la Memoria. Aquel informe suyo aplica al caso español la plantilla que se ha empleado para el ajuste de cuentas con dictaduras como la argentina o chilena. La falta de conocimiento de nuestra historia y nuestra tradición política parece condición sine qua non para ser asesor de las leyes de Memoria de los Gobiernos socialistas.
En los años siguientes a la Transición, España se ponía como ejemplo en el mundo sobre cómo pasar de la dictadura a la democracia. Es paradójico que, con la dictadura y la guerra civil mucho más lejos en el tiempo, una serie de Gobiernos españoles digan que España tiene que recibir lecciones porque no lo hizo bien en la Transición. Y llamen para que nos impartan la lección a quienes poco o nada saben de nuestro país en aquella época y en otras.