Anda ofuscado el sector más tractoriano del separatismo porque los acuerdos entre el Gobierno y el gobiernillo de la Generalidad no contemplan de forma explícita e inmediata la disolución del Tribunal Supremo, el retorno de Puigdemont en loor de multitud, una paga vitalicia para los delincuentes condenados por el golpe de Estado de octubre del 17 y el sobreseimiento del caso Borràs, la señora esa que preside el parlamento autonómico y que va por las esquinas del Twitter llorando que si la quieren muerta por corrupta la tendrán que matar. Ya se sabe, antes muerta que sencilla, ay que sencilla.
Es lógico. Los separatistas quieren que este Gobierno les trate como a Chaves y Griñán, que si robaban a los pobres era para dárselo a sus pobres. La encendida defensa por parte de Sánchez de la honradez de ambos pájaros es algo que les escuece a los Jordis, Tururull y Junqueras porque a ellos los indultó después de entrar en la trena (de aquella manera) y no antes. Y luego lo de Borràs, en cuyo caso la fiscalía que depende de él no aprecia malversación ni que la señora se lo llevara crudo. Otra como Griñán, gran defensora del bien común que bien entendido empieza por sus amigos.
No les vale que el pacto de la "desjudicialización" abra la puerta a amnistiar a todos los golpistas pasados, presentes y futuros. Y tienen prisa. Que el Gobierno de Sánchez se comprometa a torpedear todas las causas abiertas contra los independentistas con cambios legislativos que pueden pervertir el Código Penal hasta el punto de eximir a los políticos del delito de malversación por razones "democráticas" les sabe a poco.
En cambio, para este Gobierno, según uno de los pactos que ha firmado con el gobierno separatista de la Generalidad, "la superación de la judicialización debe garantizar un proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías, rechazando la criminalización de los proyectos políticos democráticos", etcétera, etcétera. El golpe de Estado, por tanto, habría sido un "proyecto político democrático".
Más grave si cabe es que el Gobierno avale la política de erradicación del idioma español en la enseñanza obligatoria catalana. La inmersión lingüística es uno de los arietes del plan de desespañolización de Cataluña emprendido por Pujol y continuado por todos los gobiernos autonómicos. Y el Gobierno apoya sin ambages, negro sobre blanco, a los separatistas porque considera que el idioma catalán es fundamental para el "progreso social" y el idioma español no es más que una escurriaja "curricular" en el mejor de los supuestos. Está claro que para al personal latino o magrebí del servicio doméstico y para sus descendientes el manejo fluido del catalán, como buenos charnegos agradecidos, les puede proporcionar las simpatías de sus señoras y señoritos y quién sabe si mejores empleos en el futuro. Lástima que Irene Montero no haya previsto una campaña sobre cómo tratar al servicio en Cataluña.
El acuerdo firmado por el Gobierno con la Generalidad sobre el catalán es de tal gravedad que consagra el acoso y la discriminación que sufren las pocas familias que entre cientos de miles se atreven a pedir unas pocas horas de "castellano" para sus hijos en medio de una "escuela catalana" tomada por partidos, sindicatos y profesores nacionalistas. Pero eso es lo menos que se puede esperar de un partido, el PSOE, que sólo pronuncia la palabra España fuera del País Vasco y Cataluña. Digan lo que digan los separatistas más recalcitrantes, el 27 de julio de 2022 es un día histórico para ellos y el sanchismo. Un Gobierno del PSOE se compromete a indultar a los corruptos de su partido, a amnistiar a todos los separatistas y a borrar todo rastro de idioma español en Cataluña. ¿Qué más quieren? ¿Expulsar de España a los españoles que no entiendan el catalán?
Coincide todo ello con la subvención de más de medio millón de euros a Jordi Cuixart, el que retó a los jueces del Supremo con el "lo volveremos a hacer", para que expanda su empresa de embalajes a Suiza y con la graciosa concesión de 2.240 millones de euros del Gobierno a la Generalidad en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en paralelo a la "mesa de diálogo", según titulaba un medio afecto a la causa independentista. "Giró consigue 2.240 millones más de financiación estatal para Cataluña", decía en concreto el digital que dirige el exdirector de La Vanguardia Pepe Antich. Pero ellos, los independentistas, no paran de llorar y llorar. Seguro que también es culpa de Ayuso, de Putin o del cambio climático. Quién sabe si de Franco también, por no haber hecho más pantanos.