Informan los periódicos que el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial ahora sí que está dispuesto a encontrar un magistrado de su cuerda al que designar para el Tribunal Constitucional y que acompañe al progresista José Manuel Bandrés. Se supone que la razón de la conversión es que, frustrado el acuerdo entre Gobierno y PP para la renovación del Consejo, no es posible postergar más el nombramiento.
Aparte los pretextos esgrimidos por los ocho díscolos, hay dos razones para la rebeldía. Y ninguna ha desaparecido con la ruptura de las negociaciones. La primera era protestar por la intolerable actitud del Gobierno de devolverle al Consejo sólo la capacidad de hacer nombramientos para el Tribunal Constitucional y así poder Sánchez nombrar a sus magistrados y cambiar la mayoría en el mismo. Los díscolos deberían seguir negándose a hacer ningún nombramiento hasta que el Gobierno les devuelva la facultad de hacer los demás.
La segunda es mucho más importante. El propósito de Sánchez no es sólo cambiar la mayoría que domine el Tribunal Constitucional. Eso, dentro de nuestro pervertido sistema, es lo normal y es lo que toca. El presidente pretende que la nueva mayoría progresista ponga al frente del Tribunal a Cándido Conde-Pumpido para garantizar que la institución bendecirá la constitucionalidad de los disparates que les dé tiempo a hacer de aquí a que se acabe la legislatura dentro de un año. No se trata sólo de darle a los golpistas y filoetarras lo que pidan a cambio de seguir apoyando al Gobierno, sino de cimentar la alianza estratégica entre el separatismo y el socialismo con el fin de impedir o cuando menos dificultar al máximo que la derecha vuelva al poder. La idea no es de Sánchez, es de Felipe González. La empezó a poner en práctica Zapatero y el actual inquilino de La Moncloa la está llevando hasta sus últimas consecuencias. Que parezca que lo hace a la fuerza, por la necesidad que tiene de reunir una mayoría que sostenga al Gobierno, no significa que no lo haga bien a gusto como demuestra sobradamente no haber querido en ningún momento entenderse con Ciudadanos.
El problema de bloquear la renovación del Tribunal Constitucional para evitar que Conde-Pumpido llegue a su presidencia es que el motivo es hasta cierto punto inconfesable. Pero, las consecuencias de su ascenso serían tan graves que, por muchas críticas que concite, merece la pena hacer lo que sea para evitarlo. De momento, los ocho vocales díscolos tienen el argumento de la negativa del Gobierno a devolverle la capacidad de hacer otros nombramientos. Es motivo suficiente para que sigan negándose a renovar el Tribunal Constitucional y que por una vez Conde-Pumpido y su señora, que es vocal en el Consejo, se joroben y se les posponga un poco la trepa.