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Pablo Planas

El golpe de Estado de Pedro Sánchez al detalle

Sánchez ha pasado pantallas que Puigdemont y Junqueras ni olieron.

Sánchez ha pasado pantallas que Puigdemont y Junqueras ni olieron.
Pedro Sánchez atendiendo a los periodistas de madrugada en el Congreso | EFE

A Pedro Sánchez le está quedando un golpe de Estado de lujo. La duda estriba en saber si se trata de la continuación de los "hechos" de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña o estamos ante una serie distinta. En el primer caso, un secundario de la primera temporada sería el protagonista principal de la segunda. Pero si este es otro golpe distinto, los separatistas catalanes serían los figurantes que se encargan de ornamentar un plano copado por el presidente del Gobierno.

La historia está plagada de golpes de Estado perpetrados desde el poder que han tenido éxito. De hecho, el fracaso de Puigdemont y Junqueras es una excepción de la regla. Claro que ellos sólo detentaban y detentan la representación del Estado en Cataluña y Sánchez es algo más.

Cuando la asonada catalana, los partidos independentistas en el parlamento autonómico catalán aprobaron unas "leyes de desconexión" que incluían un Tribunal Supremo cuyo presidente sería designado por el "president" de la Cataluña independiente. Ese paso de aprobar una "ley" se lo ha ahorrado Sánchez olímpicamente en su asalto a la cúpula judicial, como se ha podido comprobar con la designación del exministro Campo y una exalto cargo de la Generalidad y de Bolaños para magistrados del Tribunal Constitucional. En materia de herramientas, la Generalidad golpista es una parte del Estado muy poderosa, pero no todo el Estado, de modo que Sánchez ha pasado pantallas que Puigdemont y Junqueras ni olieron.

En el Congreso de los Diputados, el suplente de Meritxell Batet, llamado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (de la cantera de concejales socialistas de urbanismo), expulsó de la cámara a una diputada de Vox, Patricia Rueda, por decir que Bildu es un partido filoetarra. O sea que Rodríguez Gómez Celis, Gómez de Celis para abreviar, expulsó del Parlamento a la representante en uso de la palabra de más de tres millones y medio de electores españoles por proferir una obviedad.

Carme Forcadell, la expresidenta del parlamento catalán durante el golpe de Estado separatista, no llegó a echar de la "herriko taberna" que regía a ningún diputado ñordo (término utilizado por el independentismo para referirse a los catalanes no separatistas y al resto de los españoles). Les retiró la palabra en infinidad de ocasiones, les amenazó, riñó, fustigó y castigó con saña, les hizo bullying, mobbing y hasta acoso moral, pero no los expulsó de la cámara. También es cierto que no hacía falta que les echaran porque se iban solos en señal de protesta.

Vaya en descargo de la indultada Forcadell que alguna vez reprendió a algún diputado separatista con el mismo tono mohíno con el que Batet le ha dicho a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que tal vez no es muy apropiado acusar a la derecha de fomentar la "cultura de la violación". Y menos cuando casi medio centenar de delincuentes sexuales, de momento, han visto rebajadas sus penas (y más de diez han sido excarcelados) gracias a la "Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual", la del "sí es sí".

Que Irene Montero no ha tenido su mejor día en el Congreso es una obviedad. Como decir que el alegato no era fruto del ardor parlamentario sino que estaba leyendo/interpretando un papel. Hace cuatro días, la ministra acusaba de "violencia política" a una diputada de Vox, Carla Toscano, por decir que su único mérito era ser mujer de Pablo Iglesias. Cuando ETA mataba físicamente, la izquierda consideraba que los ataúdes blancos en toda España eran una consecuencia de la "violencia política" en "Euskadi". Costó un mundo anular la coartada "política" de la banda terrorista, "organización armada" según la retórica de la izquierda a pesar de su generosa contribución al cementerio de las víctimas etarras.

Pero lo de Irene Montero contra la derecha no es violencia política. Al menos no la clase de "violencia política" que ejercían los criminales patrocinados por Bildu, uno de los partidos de la investidura de Sánchez y de sus presupuestos.

Irene Montero es, en realidad, una mártir arrojada a los leones para camuflar con la suelta de los violadores la amnistía de los golpistas y de los etarras. Y una vez digerido todo esto vienen los referendos en Cataluña y el País Vasco. Menú degustación completo. Del primer plato, los indultos esferificados, ni nos acordamos.

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