¿Cuándo se jodió España? No fue con la inanidad de Rajoy, ni con la idiocia de Zapatero. No fue con los incumplimientos flagrantes de Aznar y, por supuesto, no fue con Sánchez. Fue Felipe González quien jodió nuestra democracia. La ilegal expropiación de Rumasa por decreto-ley, atropellando los derechos que la Constitución consagra para todos los españoles, se perpetró el 23 de febrero de 1983, sin que hubieran pasado tres meses de la toma de posesión. Este mismo primer presidente socialista que padecimos, le dobló la mano al Tribunal Constitucional para que dijera en sentencia de diciembre de 1983, gracias al voto de calidad del presidente del tribunal, que aquella tropelía era perfectamente constitucional, una forma de actuar que para nuestra desgracia y vergüenza sentó costumbre. Manuel García-Pelayo, que era ese presidente, dimitió luego sin acabar su mandato, abrumado por la vergüenza. La expropiación nos costó a los españoles un potosí con el que se saneó el grupo para poder ser troceado y regalado a los amigos de Felipe González y Alfonso Guerra. Así empezó el PSOE el saqueo de España. Luego, para poder seguir haciéndolo impunemente, vino la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que en 1985 entregó el control de los jueces al Ejecutivo. De nuevo el Tribunal Constitucional sentenció que era conforme a la Carta Magna lo que era una grosera violación de la misma y un atentado a la división de poderes, esencia misma de cualquier democracia que se precie. ¿Y para qué? Para seguir afrentando los derechos constitucionales, incluida la fundación de una organización terrorista dedicada a secuestrar y asesinar con fondos públicos.
Luego vino Aznar que, habiendo prometido en su programa electoral la devolución de la independencia a la judicatura, no lo hizo para poder él también mangonear al Poder Judicial. No conforme con eso, dejó que el gatazo tontiastuto se librara de pagar sus muchos crímenes ocultando las pruebas que lo habrían sentado en el banquillo. Y lo hizo actuando de consuno con jueces del Supremo encumbrados por el propio González, como Enrique Bacigalupo, paradigma de juez al servicio del PSOE. Los socialistas se lo pagaron echándolo del poder rodeado de oprobio acusándole de ser responsable indirectamente de un atentado terrorista en el que fallecieron casi doscientas personas, ellos, que lo eran directamente de los asesinatos del GAL.
Más adelante, Zapatero salvó a la ETA y le franqueó la entrada en las instituciones para que su partido pudiera pactar con ella. Rajoy, que presidió una manifestación contra la negociación con la banda terrorista, asumió e hizo suyo lo acordado por el infame Zapatero y nuevamente incumplió la promesa electoral de devolver la independencia a los jueces. Ahora tenemos a otro socialista en el poder y qué podemos esperar. No hay en él nada especialmente nuevo. Salvo quizá su extraordinaria debilidad, esa que le obliga a seguir la estrategia del PSC en Cataluña, como ya empezaron a hacer Zapatero y Pasqual Maragall, y que consiste en ser los criados del independentismo catalán. Pero vamos, lo de Sánchez, más que una ignominiosa novedad, es una repulsiva tradición.