Aunque los socialistas, siempre y en todo lugar, han utilizado una doble vara a la hora de medir la corrupción que les afecta respecto a la que atañe a sus adversarios políticos, si hay una región en España donde actualmente el PSOE más está practicando justo lo contrario de lo que predica en el ámbito de la ética pública y de las responsabilidades políticas ante los casos de corrupción es en la Comunidad Valenciana: Sólo la noticia de que la desaladora adjudicada a la trama Azud fue a manos de la sociedad que pagó gastos de campaña de Ximo Puig debería haber llevado al presidente valenciano a presentar su dimisión. Otro tanto se podría decir ante la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha confirmado la multa que impuso la Comisión de Defensa de la Competencia a las empresas del hermano de Ximo Puig por haber creado un cártel con el objetivo de hacerse ilegalmente con contratos públicos, en concreto, de la televisión pública que comanda el Gobierno socialista de su propio hermano, A Punt.
Lo más grave es que esa falta de observancia del código ético que los socialistas sacan a colación para pedir las dimisiones de sus adversarios, pero que Ximo Puig clamorosamente no se aplica a si mismo, es extensiva a sus compañeros de partido hasta el extremo de avalar la candidatura de dos imputados y un condenado en las próximas elecciones locales. Se trata del candidato a la alcaldía de Benejuzar, Antonio López Arenas, investigado por prevaricación administrativa por la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable, propiedad de una familiar directo suyo. El segundo imputado es José Manuel Butrón, alcalde de Los Montesinos, sobre el que pesa la imputación por presunta comisión de hasta cinco delitos: tres de prevaricación, uno de cohecho y otro de acoso laboral a un funcionario. El tercero es Luis Vicente Mateo, alcalde de Benferri, que ya no es imputado sino que está condenado a 4 meses de cárcel e indemnización de más de 40.000 euros por acoso laboral al secretario-interventor del Ayuntamiento.
Sin duda la condescendencia de Puig ante estos candidatos salpicados por distintos casos de corrupción se explica por la misma situación complicada en él que el mismo se encuentra: además de la imputación de su hermano por el por el caso Subvenciones —1,2 millones en subvenciones oficiales entregadas por el Gobierno de Ximo Puig a las empresas de sus hermanos y hasta dos millones contando con las ayudas públicas del Gobierno socialista de Aragón y del separatista de Cataluña—, ahora se suma una nueva denuncia por los contratos públicos a la empresa de la familia Puig suscritos con el Ayuntamiento de Morella, del que fue alcalde el actual presidente regional de la Comunidad Valenciana. Se trata de un total de 547 facturas por un valor total de 369.637€.
La doble vara de medir es tan flagrante que hasta contrasta con las propias declaraciones del gobierno socialista a raíz de la reciente dimisión (o cese encubierto) de la hasta ahora Directora General de la Guardia Civil, María Gámez por la imputación de su marido y cuñados en casos de corrupción. Mientras el gobierno alabó esa dimisión como "injusta pero necesaria", como prueba de que los socialistas asumen responsabilidades políticas ante casos de corrupción que afecten incluso sólo a sus familiares, el Gobierno de Sánchez no sólo respalda la candidatura de Puig sino que sigue permitiendo que las empresas de los hermanos del presidente valenciano contraten con la Administración Pública pese a que han sido calificadas judicialmente como un cártel ilegal. A eso se reduce el código ético de los socialistas.