El escándalo por la inclusión de terroristas con delitos de sangre en las papeletas electorales del partido proetarra está muy lejos de remitir, aunque el Gobierno socialcomunista trate de despistar al electorado con continuas promesas de reparto de dinero público, algunas tan ridículas como la subvención de las entradas del cine a mayores y jubilados anunciada por Sánchez.
Pero no basta con manifestar en un mitin el rechazo personal a esta afrenta a las víctimas del terrorismo, que es lo que vienen haciendo en los últimos días algunos barones socialistas. Es preciso exigir la ruptura de los acuerdos del PSOE con Bildu, uno de sus socios de referencia en esta legislatura, gracias a los cuales Sánchez sigue en La Moncloa y María Chivite se asegura la presidencia de la Comunidad Foral de Navarra. Mientras los dirigentes socialistas no exijan ese repudio en los órganos internos del PSOE, sus soflamas mitineras habrá que archivarlas como un desahogo hipócrita que a nada compromete en realidad.
Pero la presencia de asesinos en estas elecciones autonómicas y municipales exige también de la oposición una posición de firmeza y la adopción de iniciativas que obliguen a las instituciones del Estado a actuar con rapidez y contundencia en un asunto que cuestiona, muy seriamente, la salud de nuestra democracia.
El Partido Popular ha sabido reaccionar con rapidez en este asunto, aunque sus voces más representativas han adoptado posiciones ciertamente dispares. El presidente popular, Núñez Feijóo, ha exigido acertadamente "a la Abogacía del Estado que estudie, ya sea en el ámbito de la LOREG o bien en la Ley de Partidos, cómo se puede impedir que personas condenadas por asesinato puedan estar en unas listas de ayuntamientos del País Vasco o de cualquier lugar de España". Mucho más contundente ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, para la cual "es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco, a través el terror y de la expulsión, y que se ve por la Ley de Partidos que no cumple con ella", por lo que "hay que plantearse el hecho de que se puedan presentar y hay que volver a plantearse incluso su posible ilegalización".
En los próximos días se tramitará en el Congreso una moción de VOX para ilegalizar precisamente a la coalición proetarra, con la que dejará en evidencia a los partidos que se nieguen a respaldarla. Sería bueno que el PP la apoyara sin fisuras, al contrario de lo que hizo en una ocasión anterion, puesto que la presencia de etarras en las instituciones es un hecho de suma gravedad que exige medidas de similar contundencia. No hay que olvidar que la Ley de Partidos, firmada por PP y PSOE en 2002, tenía como uno de sus objetivos precisamente evitar la participación política de los asesinos sin arrepentir, aunque Sánchez haya dejado en suspenso el espíritu de esta norma esencial, como ha hecho con todo lo que estorba a su proyecto de permanencia en el poder.